La Audiencia de Málaga reabre el caso del joven del que difundieron en redes sociales que tenía VIH

La Audiencia de Málaga reabre el caso del joven del que difundieron en redes sociales que tenía VIH

El tribunal considera «precipitado» el archivo y califica de «contradictoria y cambiante» la coartada del único investigado

ALVARO FRÍAS y JUAN CANOMálaga

«Soy seropositivo, solo a pelo y sin miedo». El texto fue difundido en redes sociales de contacto desde tres perfiles creados a nombre de un joven malagueño de 25 años y acompañados de su foto. El problema es que el chico de la imagen no fue quien publicó esos mensajes. Alguien se hizo pasar por él para dar a conocer que es seropositivo.

El caso fue denunciado en octubre de 2016 y siete meses después, tras una «exhaustiva» investigación del Grupo de Delitos Tecnológicos de la policía, desembocó en la detención de un vecino de Málaga como sospechoso de ser la persona que difundió los mensajes. Aunque el caso fue archivado por el juez instructor tras escuchar la coartada del investigado, la Audiencia Provincial acaba de ordenar que se reabra ante el «escaso grado de versimilitud» de su versión.

En su denuncia, la víctima, que ha estado representada por el abogado Manuel Huertas, planteó sus sospechas de que los mensajes tenían la intención de perjudicarle laboralmente, ya que su difusión ha creado un «malestar gratuito en su lugar de trabajo». En los perfiles falsos se le atribuyen además prácticas sexuales –«relaciones sin preservativo, sexo duro, vicio», se lee en los textos– que él no ha llevado a cabo y que, de haber sido así, «no tendrían por qué haberse hechos públicas». Todo eso le creó un «enorme desasosiego, ansiedad y profunda tristeza» que le ha provocado esta situación al estar «marcado» para siempre en una sociedad donde «la 'serofobia' es aún causa de estigma social».

El investigado culpó a un exnovio con el que, dice, convivía cuando sucedieron los hechos

Tras investigar sin éxito el entorno de la víctima, los agentes del Grupo de Delitos Tecnológicos se centraron en los perfiles falsos creados en Grindr y Wapo, dos redes sociales de contacto. El denunciante era usuario de esas aplicaciones, pero sin usar su foto, que alguien cogió sin su consentimiento de su cuenta de Instagram.

La investigación, que fue especialmente laboriosa y compleja desde el punto de vista técnico, condujo hasta un conocido de la víctima que frecuentaba el lugar de trabajo de esta. Tras su detención, que se produjo el 30 de mayo del año pasado, se realizó un registro en su vivienda y se intervino su teléfono móvil, desde el cual «se pudo constatar que habían sido creados y publicados los perfiles denunciados», indica la resolución judicial por la que se reactiva el caso.

El pasado noviembre, al ser citado por el juez en calidad de investigado, el sospechoso mostró por primera vez la que está siendo su coartada para explicar los mensajes. Según dijo, el autor podría haber sido un chico colombiano al que conoció en la red social Wapo, que había estado residiendo de manera irregular en España, y con el que llegó a convivir durante más de un año, concretamente desde febrero de 2016 hasta marzo de 2017, coincidiendo con las publicaciones desde los perfiles falsos.

Acceso al correo

El investigado alegó que ese chico, del que solo aportó nombre (Daniel) y primer apellido –dijo desconocer el segundo–, tenía acceso a su correo electrónico y hacía uso también de su teléfono móvil. Preguntado sobre su paradero, afirmó que el tal Daniel se marchó del país en junio del año pasado y proporcionó su «supuesto número de teléfono» al juez.

El magistrado ofició entonces a la policía para que identificara plenamente a Daniel y aclarara si había participado en los hechos. Al ver que el número tenía prefijo colombiano, los investigadores informaron al juez de que sería necesario el «auxilio judicial internacional» de ese país para verificar a quién pertenecía ese teléfono y tratar de identificar a la persona a la que señalaba el investigado.

Sin embargo, en un auto del pasado marzo, el magistrado acordó a instancias del fiscal el sobreseimiento provisional de las actuaciones «por no quedar debidamente justificada la perpetración del delito». El abogado Manuel Huertas formuló recurso de reforma en nombre de la víctima, que fue desestimado, y en consecuencia apeló a la Audiencia Provincial. El caso recayó en la Sección Tercera.

El letrado, en su recurso, lamentó que se diera «por buena y cierta la pobre y huérfana de prueba versión autoexculpatoria del encausado». Y añade: «Mal mensaje se lanzaría ahora a la sociedad si, localizado el presunto autor de tan execrables delitos, por el mero hecho de decir (sin probarlo) que prestó el móvil a una tercera persona de la que no se da dato alguno, no puede, sin requerírsele siquiera que acredite la veracidad de lo dicho, acusársele por ello. Con dicha excusa, a utilizar por cada denunciado, nunca podría perseguirse y castigarse este tipo de delitos [...] De ahí a la impunidad no es que haya un paso, es que es la impunidad misma».

El abogado incide en su recurso en que, cuando el sospechoso conoció los hechos a través de los medios, que informaron de que el autor de los mensajes podía estar en la zona del Molinillo, «éste cambia de dirección a Torremolinos sin razón alguna aparente». También muestra su extrañeza de que, «pese a la supuesta situación irregular del tal Daniel, no haya quedado constancia o registro de su presencia en el país en ninguna base de datos policial o incluso local».

Además, «tampoco ha aportado conversaciones de WhatsApp, redes sociales o listado de llamadas con el mismo que es de concluir que habría de haber mantenido a lo largo de tal periodo de tiempo», por lo que, en el recurso, solicita que el investigado las entregue, indique el segundo apellido del hombre al que señala y que acredite su permanencia en España.

Tras examinar el caso, la Audiencia ha estimado «plenamente» el recurso de apelación, revocando el archivo del caso y ordenando que se sigan todas las diligencias para el esclarecimiento de los hechos y su autoría, «comenzando por los requerimientos al investigado que propone el recurrente y continuando después, si aún fuese preciso, por la solicitud de cooperación internacional a Colombia propuesta por Policía Judicial».

Los magistrados de la Sección Tercera considera que el sobreseimiento ha sido, «cuanto menos, precipitado y contrario al derecho a la tutela judicial efectiva al no haber agotado aún, como exige la Ley de Enjuiciamiento Criminal, todas las diligencias». El tribunal, además, tilda de «ciertamente contradictoria y cambiante» la versión exculpatoria ofrecida por el investigado quien, por otra parte, «tampoco se revela precisamente coherente en su inculpación contra el tal Daniel».

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