Archivan el caso de contratos de la diputada Marina Bravo con la empresa relacionada con su pareja

Archivan el caso de contratos de la diputada Marina Bravo con la empresa relacionada con su pareja

La diligencias se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por Ciudadanos en la Diputación sobre varios contratos que podrían haber sido fraccionados de forma irregular

EUROPA PRESS

La Fiscalía de Málaga ha archivado las diligencias de investigación iniciadas para investigar contratos realizados por el Área de Medio Ambiente y Promoción del Territorio de la Diputación de Málaga, que dirige Marina Bravo, con la empresa del hermano de su pareja y en la que también trabaja él.

La diligencias se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por el grupo Ciudadanos en la Diputación malagueña sobre varios contratos, que podrían haber sido fraccionados de forma irregular; y sobre si la diputada influyó o intervino para que dicha empresa se viera beneficiada.

Así, fuentes jurídicas han informado de que el ministerio fiscal ha decidido archivar esas diligencias y considera que de lo investigado no se han detectado indicios suficientes de que exista un delito de tráfico de influencia, según han señalado las fuentes a Europa Press.

En este sentido, han indicado que para el fiscal no ha quedado acreditado que dichos contratos hayan sido adjudicados por la intervención de la diputada, teniendo en cuenta que la empresa había contratado con distintos servicios y áreas de la Diputación desde 2008, incluso antes de que Bravo fuese diputada.

Asimismo, también se ha tenido en cuenta a la hora de archivar las diligencias que los contratos investigados se hicieron antes de la entrada en vigor de las nuevas directivas sobre contrataciones, que deben regir ahora en la Diputación en cuanto a la transparencia y la libre concurrencia, han apuntado las fuentes.

Para el fiscal, según las fuentes, ha quedado acreditado que la diputada mantiene con su pareja una relación de convivencia similar a la conyugal y considera que pudiera darse la apariencia de que hubiera un interés personal, pero concluye que los contratos no fueron realizados debido a su influencia o intervención.

En estas diligencias declararon como testigos el interventor y la secretaria de la institución, que ratificaron sus informes previos, en los que se indicaba, en el primer caso, que había fraccionamiento indebido en un contrato; y en el segundo que aunque no había obligación, se debió haber contado con otros presupuestos para la licitación.

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