No admiten a trámite la demanda para retirarle los honores a Utrera Molina

El ya fallecido Utrera Molina, en su casa de Nerja en 2016. /SUR
El ya fallecido Utrera Molina, en su casa de Nerja en 2016. / SUR

La juez estima que las distinciones del exministro malagueño de Franco eran de carácter vitalicio y que quedaron extinguidas con su fallecimiento

Pilar R. Quirós
PILAR R. QUIRÓSMálaga

La Ley de la Memoria Histórica sigue en la palestra estos días por la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de sacar los restos mortales de Francisco Franco del Valle de los Caídos con el argumento de que el dictador, precisamente, no falleció durante la Guerra Civil.

En este mandato municipal en el Ayuntamiento esta ley se ha sacado a colación para retirarle los honores en el pleno al exjefe del Estado, así como para hacerlo recientemente con su exministro, el malagueño José Utrera Molina, que se aprobó con los votos a favor del PSOE, Málaga Ahora, IU-Málaga para la Gente, y Ciudadanos y la abstención del grupo popular. La moción fue presentada por IU-Málaga para la Gente a raíz de que en la comisión de Memoria Histórica del Ayuntamiento la edil de Cultura, Gema del Corral, informara de la demanda que había interpuesto contra el Ayuntamiento la asociación memorialista Ranz Orosas (AMRO). La citada asociación pedía que se iniciara el procedimiento legal por el que debía procederse a la retirada de honores y distinciones a Utrera Molina en cumplimiento del artículo 15.1 de la Ley de la Memoria Histórica, «las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura (...)».

Aparte de las cuestiones formales por las que no admite a trámite la demanda, la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Málaga, María Asunción Vallecillo Moreno, pone de ejemplo una sentencia del Tribunal Supremo a través de la cual deduce que «una vez fallecida la persona destinataria de dichos reconocimientos honoríficos, concedidos en atención a los méritos y circunstancias recurrentes que motivaron su reconocimiento, los honores y reconocimientos quedaron extinguidos dado el carácter vitalicio de los mismos». Como abunda, desplegaron toda su eficacia jurídica durante su vida, y fallecida la persona, cesaron sus efectos jurídicos. Por eso, y como subraya, «la revocación o retirada de dichos honores y distinciones por el acto impugnado, aun en cumplimiento formal de un mandato legal, carece de eficacia práctica alguna, o dicho en otros términos, no produce efectos jurídicos ni para su destinatario ni para terceros, al quedar extinguidos con su fallecimiento dado su carácter vitalicio y personalísimo.

Respecto la citada sentencia del Supremo indica que estos honores y distinciones son una declaración de intenciones institucional de evidente vocación política, pero sin los mínimos exigibles para ser considerado jurídicamente un acto administrativo, en tanto en cuanto carece de fuerza de obligar, por lo que no existe ningún bien jurídico que tutelar. Contra esta sentencia, en el que se condena a costas a AMRO, cabe recurso de apelación. El planteamiento de este fallo es idéntico al informe que evacuó el secretario general del Ayuntamiento Venancio Gutiérrez Colomina a colación de la retirada de honores a Franco. Afirmó que estos honores eran 'intuitu personae', es decir, que sólo conciernen a esa persona, y que por tanto, se extinguían con la muerte de la misma. Parece obvio, por tanto, que carecen de honores, aunque durante su vida se los concedieran y disfrutaran de ellos.

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