La actualidad salta al pleno de Diputación de Málaga con las pensiones, el 8M y la prisión permanente revisable

En el primero de los casos, el portavoz del PSOE en Diputación, Francisco Conejo, ha recordado con datos que hoy en día la población de más de 65 años en la provincia de Málaga representa más del 16%, y que el “envejecimiento de la población seguirá aumentando en los próximos años”. Por eso, además de las peticiones al Gobierno de la nación de que la subida de las pensiones corra en paralelo al incremento del IPC, el socialista llevará mañana a discusión un paquete de medidas de aplicación directa por parte de la Diputación y entre las que destaca un aumento de la inversión en este capítulo, un plan de empleo de un millón de euros “para que las personas que vivan solas y no sean dependientes tengan un acompañamiento y una ayuda en las tareas del hogar” o un programa de viajes incentivados por la provincia (“como un Imserso provincial”, ha dicho Conejo). En una línea mucho más amplia de debate, las propuestas de IU para la Gente se proyectan en exclusiva al ámbito nacional. En cualquier caso, el viceportavoz popular Fran Oblaré ha criticado que el debate sobre las pensiones “no se desarrolle en el marco del Pacto de Toledo, que es donde debería tener lugar”, y ha recordado la “amplia política en favor de las personas mayores que lleva a cabo el equipo de Gobierno en la Diputación”. Oblaré hacía estas declaraciones después de presentar otra de esas mociones -esta vez, suya- que sólo sirven para reproducir el debate que tiene lugar a nivel nacional y las posturas (inamovibles) de los diferentes partidos: en este caso, con un texto a favor de la prisión permanente revisable.

El tercer gran argumento de la actualidad llegará de la mano de Málaga Ahora, Ciudadanos y PSOE y abordará los efectos de la movilización del pasado 8M en Málaga. La formación de izquierdas, en palabras de su portavoz Rosa Galindo, ha exigido esta mañana que se pongan en marcha “medidas eficaces” contra la brecha salarial en la Diputación, aunque no ha sido capaz de concretar en qué se traducen estas desigualdades en la institución supramunicipal. Por su parte, el portavoz del partido naranja, Gonzalo Sichar, ha pedido que la Diputación favorezca en sus contratos a las empresas que demuestren que “no tienen brecha salarial”; y el socialista Francisco Conejo ha exigido “que se triplique el presupuesto” (hasta los 2,7 millones de euros) en políticas de igualdad.

Pero el orden del día también ha reservado un hueco (de nuevo) a las presuntas irregularidades que cometió la diputada popular Marina Bravo a la hora de adjudicar contratos a la empresa de su cuñado: en este caso, son los socialistas los que vuelven a pedir la dimisión de la diputada y extienden esta petición a su compañera de filas, Ana Carmen Mata, por “levantar el reparo” -en palabras de Conejo- al informe del interventor “en el que se ponían en duda los fraccionamientos de dos contratos”. A pesar de la contundencia con la que se ha expresado Conejo, no parece que su texto vaya a salir adelante, toda vez que el propio Sichar ha avanzado que el voto de su formación será contrario a esta petición de dimisión “hasta que no exista el informe firme del secretario nacional”. “En el caso de que el habilitado nacional confirme la irregularidad seremos nosotros los primeros en ir a la Fiscalía, pero por ahora hay que esperar”, reflexionaba Sichar poco antes de que Oblaré tomara el turno en el atril y acusara a Conejo de una campaña “de acoso y derribo” contra sus dos compañeras.