Luz verde a la norma para analizar los excrementos caninos y multar a sus dueños

El Ayuntamiento confía en el efecto disuasorio de la iniciativa. /
El Ayuntamiento confía en el efecto disuasorio de la iniciativa.

La ordenanza, que entrará en vigor en abril, también contempla que las mascotas puedan acceder a los locales públicos si no hay prohibición expresa

FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

No hay una fecha exacta porque dependerá de cuándo se publique en el Boletín Oficial de la Provincia para su entrada en vigor, pero a partir de abril los dueños de los 98.000 perros que hay censados en Málaga capital tendrán seis meses de plazo para registrar el ADN de sus mascotas en un banco genético municipal que permitirá al Ayuntamiento sancionar a quienes los abandonen o maltraten, y también a quienes no recojan los excrementos caninos. Tras más de un año de trámites, la nueva ordenanza de tenencia de animales será aprobada de forma definitiva en el próximo pleno ordinario, previsto para el jueves 30, de forma que una vez entre en vigor los propietarios de los perros estarán obligados a pasarse por una clínica veterinaria e incluir su mascota en un censo genético.

En cifras

98.000 perros hay censados en la ciudad de Málaga.
35 euros es el precio aproximado de obtener el ADN del animal en una clínica veterinaria, que deberá abonar el dueño. El posterior análisis de las heces cuesta unos 18 euros que en principio asumiría el Ayuntamiento, aunque se lo repercutirá al propietario en caso de ser identificado.
500 euros es la cuantía máxima de la sanción por no recoger los excrementos caninos. Este importe se aplica cuando tiene lugar en parques y jardines, calles peatonales, zonas de gran afluencia o adyacentes a centros educativos y sanitarios. El mínimo son 75 euros, aunque la multa suele rondar los 200 euros.

A quienes cumplan este trámite (tiene un precio de 35 euros, que se subvencionará a familias sin recursos) se les entregará una chapa y una tarjeta identificativa, de forma que la Policía Local pueda comprobar fácilmente quién no ha sometido a su mascota a esta extracción de sangre, una conducta que tendrá la consideración de infracción leve y conllevará una sanción de hasta 500 euros.

Una vez transcurrida esa moratoria de seis meses, el personal de la empresa adjudicataria del servicio de control de plagas podrá tomar muestras de las heces que encuentren en la vía pública (un procedimiento que deberá ser validado por un funcionario del Área de Sostenibilidad Medioambiental) y las mandará a un laboratorio para compararla con los perfiles genéticos registrados. Esta prueba tiene un coste de 18 euros que, en principio, serán asumidos por las arcas públicas, aunque en el caso de localizar al propietario se le repercutirá esta cuantía. Además de la correspondiente multa por no recoger los excrementos, que suele rondar los 212 euros pero que puede llegar hasta los 500 si tiene lugar en parques, calles peatonales, zonas de gran afluencia o el entorno de centros educativos y sanitarios.

¿Con qué frecuencia se visitarán los espacios públicos? Los protocolos de actuación aún no están definidos, pero la intención es que se realicen batidos por varios barrios dos veces por semana. Lo que se descarta es tener a personal dedicado todo el tiempo a esta tarea. En cualquier caso, desde Sostenibilidad Medioambiental ponen el acento en el efecto disuasorio que tendrá esta iniciativa.

Entrada en establecimientos

Al margen de la puesta en marcha del censo genético, la otra gran novedad que traerá consigo la ordenanza es que las mascotas podrán acceder a espacios públicos siempre que no haya una prohibición expresa previa autorización administrativa, así como en los autobuses urbanos y el metro. Esta medida, que incluye a hoteles, restaurantes y demás locales de hostelería, supone darle la vuelta a la situación actual, ya que ahora los animales de compañía no pueden entrar a no ser que el negocio muestre expresamente que sí lo permite.

La única excepción a esta autorización del acceso será en los casos de los locales dedicados a la elaboración, venta, almacenamiento, transporte o manipulación de alimentos o bebidas, en los que queda prohibida la entrada con animales de compañía en todos los casos. En el supuesto de espectáculos públicos, instalaciones deportivas y otros establecimientos o lugares de similar índole, el titular podrá establecer la prohibición de acceso de animales, debiendo comunicarlo con el adelanto y difusión oportunos.

En cuanto a la protección de las mascotas, la nueva normativa recoge la prohibición expresa del uso de collares que puedan ser considerados de castigo, que provoquen la asfixia del perro mediante nudo, o daño debido al uso puntas o elementos eléctricos. Las correas, fijas o flexibles, y las cadenas deberán tener una extensión de entre 1,5 y dos metros, para permitir el movimiento del perro, quedando prohibidas el uso de las extensibles en canes de más de 15 kilos. Igualmente, también establece que deberá evitarse la realización de actividades en el entorno privado de los perros que alteren o perturben su bienestar psíquico, tales como ruidos excesivos o la explosión de petardos.