Quince municipios aún esperan las ayudas por los temporales de 2015

Se trata de unas subvenciones que se habilitan para que los ayuntamientos puedan hacer frente a reparaciones inaplazables para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales e imprescindibles para la vida y seguridad de las personas, como pueden ser el suministro de agua o los accesos por carretera. La reacción del Gobierno será inmediata, pero la llegada del dinero es otra historia. Si no, que se lo pregunten a los quince municipios malagueños que siguen esperando que se convoquen las ayudas del Estado por los daños provocados por los distintos temporales que sacudieron la provincia en el último trimestre de 2015 y que, en su conjunto, fueron valorados en 6,5 millones.

Con un Gobierno en funciones que ha agravado la ya de por sí compleja burocracia, la realidad un año después es que las únicas ayudas que se han convocado son las lanzadas el pasado agosto por el Ministerio de Agricultura para compensar los perjuicios en cultivos y explotaciones ganaderas, por un importe de 240.000 euros. En cuanto a la restitución de infraestructuras municipales y redes viarias, que son las que esperan los ayuntamientos, sigue sin abrirse el plazo para solicitarlas.

Los más perjudicados fueron Pujerra, donde en octubre del año pasado cayeron 318 litros por metro cuadrado en apenas 24 horas (el peor temporal desde 1989), y otros pueblos del Valle del Genal como Júzcar, Igualeja y Jubrique, en los que las intensas lluvias dejaron un escenario de carreteras comarcales intransitables por los socavones, tuberías de abastecimiento rotas, equipamientos públicos inundados y desprendimientos de tierra. Además, durante ese otoño también resultaron afectados Alhaurín de la Torre, Algarrobo, Arenas, Casares, Cortes de la Frontera, Estepona, Genalguacil, Manilva, Ronda, Sayalonga y Torremolinos.

Crédito extraordinario

Estos quince municipios figuran en lista de beneficiarios del decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de octubre de 2015 (su ámbito de aplicación se amplió hasta final de año) por el que se adoptaban medidas urgentes para reparar los daños que los sucesivos temporales provocaron no sólo en la provincia de Málaga, sino en todo el sur y este peninsular además de las islas Canarias. Una vez que en diciembre del año pasado el Ministerio del Interior determinó las localidades incluidas, la tramitación pasó a Hacienda, que es al que le corresponde liberar los fondos. Sin embargo, no fue hasta el pasado mes de junio cuando dio luz verde a la habilitación de un crédito extraordinario de 19,7 millones, fijado en base a las valoraciones de los daños aportadas por todos los municipios afectados del país.

Un mes después, el 22 de julio, el expediente volvía al Consejo de Ministros para ratificar la concesión de este crédito, que se financiará con cargo al fondo de Contingencia que los Presupuestos Generales del Estado tienen reservados para imprevistos y situaciones de emergencia. En teoría, ése debe ser el último trámite para que se convoquen las ayudas, pero a día de hoy siguen sin fecha.

Aunque cada ayuntamiento ya trasladó a la Subdelegación del Gobierno un informe de incidencias en infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal que sumaban 6,5 millones, en el momento en que se convoquen las ayudas deberán presentar las solicitudes con los pertinentes expedientes técnicos en los que se enumerarán los daños causados y el valor de su reparación, tanto si está pendiente como si se hizo con fondos propios. A partir de ahí, Hacienda revisará toda la documentación y concederá las subvenciones, que por regla general cubren el 50% del coste. ¿Cuándo será? Es una incógnita, aunque a modo de referencia basta señalar que la resolución para los ayuntamientos de la mitad norte del país afectados por temporales en enero de 2015 no se produjo hasta el pasado mes de agosto.

Fondos propios

Mientras tanto, a los ayuntamientos no les ha quedado otra opción que echar mano de sus limitados recursos para reparar las infraestructuras básicas para la población como carreteras o redes hídricas. Como han tenido que hacer en Pujerra, donde los 150.000 euros procedentes de los fondos de la Diputación que se iban a dedicar a inversiones se tuvieron que emplear para el arreglo de dos captaciones de agua dañadas para garantizar el abastecimiento. «Se supone que las ayudas están preparadas, pero siguen sin llegar, así que nos vemos obligados a ir reparando con fondos propios los destrozos más importantes. No entendemos por qué se está retrasando tanto», se queja el alcalde de esta pequeña localidad de apenas 300 habitantes, Francisco Macías, quien recuerda que las incidencias en infraestructuras se cuantificaron en 696.458 euros. En el caso de la vecina Júzcar se cifraron en 534.351 euros.

Dada sus limitaciones presupuestarias, éstos son los ayuntamientos con más dificultades para hacer frente a este desembolso. Pero por volumen destaca Alhaurín de la Torre, que estima en 1,3 millones el coste de la treintena de actuaciones necesarias para recobrar plenamente la normalidad. De igual modo, en Ronda también están pendientes de que se publiquen las ayudas para reclamar 146.000 euros por el deterioro de caminos públicos.