Junta y Ayuntamiento negocian que el edificio de Correos pueda ser un hotel

El edificio lleva cerrado desde 2010./
El edificio lleva cerrado desde 2010.

El Gobierno andaluz ofrece al Consistorio varios inmuebles a cambio de la recalificación urbanística de la torre para poder facilitar su venta

FRANCISCO JIMÉNEZMálaga

Las relaciones entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga están repletas de encontronazos, pero en lo que sí que parecen estar de acuerdo es en la conveniencia de ir de la mano para devolver a la vida el antiguo edificio de Correos. A nivel municipal, porque lleva tiempo reclamando que se le dé uso a uno de los inmuebles más identificativos de la ciudad, que desde su privilegiado ubicación en la avenida de Andalucía sirve de puerta de entrada al Centro convertido en un símbolo de abandono. Pero sobre todo, a la administración autonómica, que desde que recibió la titularidad del edificio como parte del pago de la deuda histórica del Estado central con Andalucía lleva esperando comprador.

El edificio

Construcción. El inmueble fue levantado en 1986 para albergar los servicios centrales de Correos, con una inversión de 700 millones de las antiguas pesetas (de 4,2 millones de euros).
Superficie. El edificio tiene una superficie de 16.780 metros cuadrados, repartidos en 13 plantas, más 2.500 de aparcamiento y 2.200 de planta baja.
Propietario. En 2010 pasó a ser titularidad de la Junta dentro del pago de la denominada deuda histórica del Estado central con Andalucía. Entonces, su valor se tasó en 30 millones de euros.
Calificación urbanística. El PGOU lo recoge como equipamiento de interés público y social.

Desde entonces han llamado a la puerta de la Junta varios inversores interesados, fundamentalmente para darle un uso hotelero, aunque también han preguntado sobre la posibilidad de hacer viviendas. Eso sí, pocos dispuestos a poner sobre la mesa los 30 millones de euros en los que fue tasado cuando cambió de manos. Sobre todo por el deterioro que presenta la torre, construida en 1986 para albergar la sede de los servicios centrales de Correos y cerrada a cal y canto desde 2010. Ante esta realidad, en la Junta no se cierran en banda en esa cifra y podrían aceptar una cantidad inferior, ya que al montante por su adquisición el futuro propietario también tendría gastar en torno a 15 millones en su rehabilitación.

En cualquier caso, a día de hoy el factor económico queda en un segundo plano, ya que el primero que hay que salvar es el urbanístico porque el inmueble tiene una calificación de equipamiento de interés público y social. Yahí es donde entra en juego el Ayuntamiento de Málaga, con el que el Ejecutivo regional ya está trabajando en la necesaria modificación del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para que pueda tener uso hotelero y comercial.

Buena sintonía

«Desde la Dirección General de Patrimonio se han avanzado varias propuestas para que se permita albergar alguna actividad productiva. Si se obtiene el cambio de calificación tendremos más oportunidades en el mercado, porque son ese tipo de actividades hotelera y comercial las que más interés están atrayendo», afirma el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo. Unas propuestas que pasan, tal y como obliga la normativa, por compensar a la ciudad por la pérdida de esos 16.780 metros cuadrados de techo (repartidos en trece plantas, más 2.500 de aparcamiento y 2.200 de planta baja) destinados a equipamiento público cediendo varios edificios o solares con la consideración urbanística de uso administrativo. Entre las opciones que se barajan figuran dos históricas reivindicaciones del Consistorio: una parcela situada frente a la Comisaría Provincial y los locales del edificio que la Junta posee en la calle Palestina que durante años sirvieron de sede a la Gerencia Municipal de Urbanismo. «Hay buena sintonía entre ambas administraciones. Estamos estudiando la viabilidad del cambio de uso y los distintos aspectos jurídicos y legales, pero siempre con la intención de que la propuesta salga adelante», asegura el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares.

Por lo pronto, en el Ejecutivo autonómico se muestran optimistas y confían en resolver el asunto en los próximos meses. En caso de materializarse, la venta del edificio tendría que formalizarse mediante subasta pública. «Hay contactos por parte de distintos inversores, pero mientras no se consiga la recalificación no se puede presentar ninguna oferta en firme», reconoce Ruiz Espejo.