La concesionaria decidirá hoy sobre la propuesta de 'metrobus' del alcalde

La historia de desencuentros políticos e institucionales en torno a la principal infraestructura en desarrollo en la provincia vivirá hoy un nuevo hito. Los miembros de la sociedad concesionaria Metro de Málaga están convocados por uno de sus socios, la Agencia de Obra Pública (Aopa) de la Junta, para estudiar la situación que se ha creado tras el rechazo del Ayuntamiento al trazado en superficie hasta el HospitalCivil (por contravenir supuestamente la normativa urbanística del PGOU y el Potaum). Así como la posterior propuesta del alcalde, Francisco de la Torre, para sustituir este itinerario sobre raíles por un metrobus, que serviría para prolongar la acción del suburbano hasta los centros hospitalarios y el entorno de La Rosaleda, por el norte; y hasta el PTA y Campanillas, por el oeste.

El escenario que se creado se considera de suma gravedad por la parte autonómica, que espera obtener hoy algo más de claridad sobre los pasos que darán sus socios privados ante el eventual bloqueo de la prolongación prevista en superficie, y la consiguiente pérdida de los ingresos equivalentes a tres millones de viajeros al año.

Hoy quedará definitivamente clarificada la posición de los inversores frente a la iniciativa que lidera la EMT. Se trata de reemplazar los trenes por autobuses de tipo BRT, de gran capacidad, que tendrían sendas plataformas reservadas en las dos direcciones mencionadas, con servicios más amplios y modulables que los del tranvía y las mismas frecuencias. La afección al viario sería menor, lo que permite preservar casi todos los aparcamientos; y además iría por el trazado de Hilera-Pelayo-Avda. Barcelona, con distinto itinerario para ir y volver. El transbordo entre ambos sistemas se produciría con un intercambiador subterráneo junto a El Corte Inglés.

Todo ello, según los estudios de la EMT, para lograr hasta 5,7 millones de viajeros (casi el doble que lo previsto ahora por la Junta) y con una inversión mucho menor, de 9,1 millones frente a los 40 millones presupuestados ahora.

En el lado opuesto, la Consejería de Fomento asegura que sus técnicos han analizado detenidamente la propuesta junto con los del metro y sólo le ven inconvenientes. Según sus argumentos, desde el punto de vista de ocupación física del viario, aduce que las plataformas para bus y tranvía son idénticas, con la misma afección a los aparcamientos y acerados. Además, sorprende que en su documentación el Ayuntamiento admite que será invadida por taxis y otras líneas de bus (sin aclarar cómo se haría la prioridad semafórica en los cruces)lo que no garantiza ninguna fiabilidad en términos de frecuencias de paso y tiempos viaje. El metro, además, duplica la velocidad comercial.

Pero los argumentos más sólidos en contra se refieren a la necesidad de hacer transbordo, lo que penaliza a efectos de tiempo el uso global de la red de metro. Mientras que, según el criterio autonómico, el supuesto ahorro económico en términos de tarifa técnica no existe, puesto que la prolongación al Civil y Atarazanas aportan sobre todo viajeros e ingresos, con costes muy bajos, dado que el grueso de la inversión está ejecutada. Por otra parte, desde Fomento critican el doble rasero, ya que, frente a las fuertes exigencias de documentación que reciben por parte muncipal, en este caso no han obtenido ni un estudio de movilidad ni de demanda para contrastar.

Como conclusión, bajo este cruce de propuestas y contrapropuestas, lo que subyace son los preparativos de ambas administraciones ante una previsible batalla legal de consecuencias imprevisibles. La Junta y el Ayuntamiento se responsabilizarán entre sí de ser los responsables de las demandas judiciales multimillonarias de la concesionaria y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por incumplir el contrato. Están en juego unos 800 millones de euros.