El PSOE exige al PP que no mienta sobre Guerrero, que "cobró lo que trabajó"

El PSOE ha respondido así al vicepresidente del PP de Málaga, Francisco Salado, quien ha exigido hoy que haya dimisiones y explicaciones por parte del PSOE después de que el TSJA haya abierto diligencias previas por prevaricación administrativa contra el parlamentario Luciano Alonso y el diputado provincial Luis Guerrero.

Los socialistas han señalado en un comunicado que el PP de Málaga es "un partido asediado por los escándalos y por tanto inhabilitado para exigir nada".

A este respecto, ha señalado que el presidente provincial del PP, Elías Bendodo, como máximo dirigente de la Diputación tiene "una gestión repleta de irregularidades y sombras", con dos vicepresidentes en la institución con procesos judiciales abiertos y sus números dos y tres en el partido "señalados con asuntos muy feos".

En este contexto, Fernández ha denunciado que "lo mejor que tiene el PP para salir a dar lecciones" es a un dirigente inmerso en un proceso judicial por acoso laboral a un trabajador de la Diputación como Salado.

Querella admitida

Ha recordado que el vicepresidente de la Diputación tiene una querella admitida a trámite presentada en junio de 2014 por supuesto acoso laboral interpuesta por un trabajador del Sindicato Andaluz de Bomberos.

Según ha explicado, fruto de esa querella contra Salado por acoso laboral, el actual gerente del Consorcio Provincial de Bomberos y número tres del PP de Málaga, Manuel Marmolejo, va a tener que declarar en condición de investigado el próximo 20 de mayo.

Además, "la número dos no se queda atrás", ha dicho en referencia a Margarita del Cid, y ha apuntado que los socialistas aún están esperando explicaciones por los embargos que pesan sobre ella y su marido, que tienen supuestamente deudas con la Seguridad Social, Hacienda, Ayuntamiento de Málaga y proveedores.

Fernández ha asegurado que "el póquer de ases de Bendodo" lo completa Ana Carmen Mata, vicepresidenta de la Diputación, que ha declarado en calidad de investigada por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores por desplome de un muro en marzo de 2015, cuando era concejala de Urbanismo en Fuengirola.