Metro, ¿un proyecto compartido?

Escuché atentamente al consejero de Fomento, Felipe López, en el desayuno informativo que organizó SUR el día 19. Tengo buena opinión sobre él, aunque creo que sus consideraciones sobre el metro son erróneas, probablemente por falta de perspectiva histórica. Este proyecto, que de compartido ha tenido poco, no viene de 2013. El metro de Málaga parte de un convenio que firmé el 15 de abril de 2003 con el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves. Felipe López, veterano como yo, hereda las gestiones de Concepción Gutiérrez (PSOE), Luis García (PSOE) por dos veces, Mar Moreno (PSOE), Rosa Aguilar (PSOE, antes IU), Josefina Cruz (PSOE) y Elena Cortés (IU).

El consejero esquiva antecedentes, actas y hemerotecas cuando afirma que el metro es «un proyecto compartido». Desde 2003 hasta 2013 nunca lo fue. La Junta no hizo partícipe al Ayuntamiento de sus decisiones unilaterales (que incrementaron los costes de 363 millones de euros hasta los 794 previstos sin alcanzar La Malagueta), no nos informó sobre ninguno de los importantes cambios (rescates de tramos, ampliación de la concesión, ventajas para otros municipios negadas a Málaga), no fue sincera en las escasas comisiones de seguimiento y no contó con la EMT. En definitiva, nos ninguneó y se apropió del proyecto. Los técnicos municipales sabían del metro lo que publicaba el BOJA. La Consejería sólo conjugó el verbo compartir cuando llegaron los problemas, las facturas abultadas, las consecuencias de sus imposiciones. Lamentablemente, la historia del metro es la de la opacidad y la deslealtad: en 2003, Javier Berlanga, entonces concejal de Movilidad, tuvo que recoger en carretilla miles de folios del proyecto compartido.

El 27 de septiembre de 2013 recibí a la presidenta Díaz y, efectivamente, acordamos (tras el fallido intento de Cortés de sacar a la superficie el metro por la Alameda Principal) la alternativa al Hospital Civil condicionada al acuerdo con los vecinos de Bailén-Miraflores, a quienes debemos escuchar. Sus palabras textuales ese día fueron claras: «Es fundamental que en el nuevo trazado haya consenso vecinal, que los ciudadanos de esa zona se sientan implicados en el proyecto que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento quieren llevar a cabo allí y sea un trazado útil, rentable y que responda a las demandas y necesidades de esa zona». Como es sabido, no hay consenso vecinal. Y Fomento no es capaz de justificar la demanda de aquella solución (el pasado martes, técnicos municipales lo explicaron con argumentos y cifras).

Con el protocolo del 11 de noviembre de 2013, el Ayuntamiento atendió la llamada de auxilio de la Junta para resolver sus problemas de financiación (antes tuvo que devolver al BEI 180 millones del préstamo para el abandonado AVE Antequera-Sevilla, en el que se han despilfarrado 280 millones) y garantizar la puesta en servicio parcial del metro. Si aquella noche yo hubiera sabido que se nos iba a seguir engañando, no habría firmado. Acordamos que se cerraría una adenda al convenio de 2003 antes de la puesta en servicio, que se produjo el 30 de julio de 2014. Tras más de un año y medio esperando, la Junta dice ahora que no habrá adenda hasta tener trazado.

Queremos una explicación sobre la modificación sustancial del contrato de 2014, sin contar con el Ayuntamiento otra vez. Seguimos esperando documentos básicos: compromisos del concesionario en base a su oferta original para garantizar el empleo público de la EMT, informes jurídicos que avalen la explotación de la línea hacia el Norte sin concurso público y sin modificación del PGOU. Toda esta información fue solicitada por enésima vez en la última comisión de seguimiento, el pasado 9 de septiembre estando presente el consejero (hay acta), quien se comprometió por escrito en noviembre a responder sobre la adenda en dos semanas.

Muchos malagueños no saben o no recuerdan que la Cámara de Cuentas y el Consejo Consultivo emitieron informes desfavorables por los vaivenes del metro de Málaga; que la Consejería ha gastado 700.000 euros en un proyecto constructivo de metro al PTA del que no nos dan copia, pero sí nos pasan factura; que la concesionaria cerró 2014 con casi 20 millones de beneficio (para el PSOE, en su maniqueísmo, los beneficios de los privados del metro son magníficos mientras demoniza los de Limasa incluso tras renunciar a ellos sus socios); que la tarifa técnica (coste real) supera los 4,2 euros/viajero cuando la cifra inicial era 1,94; que a Sevilla se le compensaron las aportaciones con obras en un convenio que conocimos cuando el PP accedió a la Alcaldía; que no hay noticia de que ningún municipio andaluz haya pagado por inversión ni explotación mientras se nos amenaza con retener nuestra participación en los ingresos del Estado...

El consejero sí lo sabe y su equipo lo recuerda. Compartir requiere hechos, no palabras. Si el metro es un proyecto de ciudad más allá del eslogan, retomemos el diálogo a partir de la adenda con responsabilidad y desde la defensa de los intereses de los vecinos. No aspiramos a un cambio de cromos como afirmó López; lo que queremos, precisamente, es que se deje de jugar con este proyecto vital para el futuro de Málaga.