La Junta cree ahora urgente un nuevo puente para el Guadalhorce pendiente desde 2002

Tras más de una década metido en un cajón, el proyecto para sustituir el puente de la antigua N-340 a su paso por el Guadalhorce, obra que desde su origen se sabe clave para eliminar el riesgo de inundaciones en todo el entorno de la desembocadura del río, se convierte ahora en una actuación totalmente urgente y prioritaria para la Junta de Andalucía en su objetivo de intentar calmar in extremis los ánimos de los empresarios de los polígonos que ya se están viendo afectados por los planes de inundabilidad que elGobierno andaluz aprobó el pasado 20 de octubre y que solo están pendientes del visto bueno final del Consejo de Ministros, paso que debe producirse antes del próximo día 22 de diciembre para cumplir con las directivas de la Unión Europea.

La sustitución del conocido como puente de la Azucarera, que actualmente ejerce como una barrera el encauzamiento del río que se culminó años atrás, fue diseñada por el Ministerio de Medio Ambiente en 2002 pero no llegó a ejecutarse y quedó en el limbo administrativo cuando se llevó a cabo el traspaso de competencias en materia de recursos hidráulicos a la Administración regional.

Ayer se puso sobre la mesa como obra urgente y prioritaria en el marco de la reunión que el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal, mantuvo con empresarios de los polígonos delGuadalhorce y con los alcaldes de Málaga, Cártama y Alhaurín de la Torre para intentar tranquilizarles ante la inminente aprobación del documento que declarará oficialmente como inundables una gran cantidad de suelos tanto consolidados como pendientes de urbanizar. En la reunión, que tuvo lugar en la sede de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), se acordó crear una comisión técnica para definir las medidas correctoras que deben priorizarse para reducir el riesgo de inundaciones en este ámbito en los próximos años. Entre esas medidas, destacan la sustitución del citado puente de la N-340 y continuar con el encauzamiento del río aguas arriba.

De este modo, la Administración regional intenta contentar a los empresarios de los polígonos, que la semana pasada ya anunciaron su intención de acudir a los tribunales ante lo que consideran un «atropello» de la Junta que ya ha frenado al menos una decena de inversiones en la zona del Guadalhorce.

El Gobierno andaluz, que ha rechazado las alegaciones que los empresarios presentaron al documento del plan de riesgos en abril, se muestra ahora muy interesado en mantener reuniones con ellos en los próximos días la siguiente será el miércoles de la semana próxima para aclarar dudas y fijar un calendario para la ejecución de las medidas correctoras. Además, sus responsables aseguran que aún se está a tiempo de introducir algunas modificaciones en el documento del plan de gestión de riesgo de inundaciones, pese a que fue aprobado por el Consejo de Gobierno, y esa resolución ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), antes que reciba el visto bueno final del Consejo de Ministros. Unas variaciones que ya van a contrarreloj ante la fecha tope del próximo 22 de diciembre.

Calendario

José Fiscal no quiso hacer declaraciones a los medios de comunicación al término de este encuentro, pero sí habló el delegado del Gobierno andaluz, José Luis Ruiz Espejo, quien aseguró que la sustitución del puente de la antigua N-340 y la continuación del encauzamiento del río hacia el norte están incluidos en el plan de gestión de riesgos, cuya versión final aún no ha sido difundida por la Consejería de Medio Ambiente, «pero tienen que recogerse en un calendario y hay que concretar quién ejecuta esas actuaciones, lo que puede despejar muchas dudas sobre la aplicación del plan de inundabilidad». «Queremos aportar seguridad jurídica», apuntó Ruiz Espejo, quien sostuvo que el citado plan «no afecta» a los suelos empresariales ya consolidados según los empresarios ya está frenando inversiones y sí a los que están por desarrollar, ya que quedan condicionados a que se materialicen las medidas correctoras que se establezcan.

Juan Francisco Moreno, gerente de la Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma), apuntó que los empresarios «ya hicieron sus deberes y son las administraciones las que tienen que asumir las obras correctoras», y aseguró que aún existe «mucha incertidumbre» sobre cómo va a afectar el plan de riesgo de inundación. «El propio ayuntamiento tiene dudas de cómo afrontar las peticiones de licencias a partir de enero», dijo.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien apuntó que el nuevo puente podría costar unos 60 ó 70 millones de euros, lo calificó como la obra «más urgente» de la ciudad. «Parece que sería el Estado quien debería hacerla», apostilló.

Por su parte, el presidente de la CEM y la CEA, Javier González de Lara, resaltó que esta situación supone «una amenaza para que Málaga pueda salir de la crisis», pero abogó por dar un voto de confianza al consejero de Medio Ambiente.