Dos fondos de inversión compran el 40% de las acciones de Metro Málaga por más de 100 millones

El fondo de inversión australiano Macquarie Group y la sociedad de capital riesgo francesa InfraVia han alcanzado un acuerdo para la compra del 39,4% del metro de Málaga, lo que equivale a los paquetes de acciones de Cajamar (18,86%), Azvi (11,96%) y Sando (8,57%), que venderán de forma conjunta. Se trata de una operación financiera a gran escala, una de las más cuantiosas entre privados que se han producido en la historia en Málaga; aunque en realidad no tendrá consecuencias para el funcionamiento del suburbano, ya que está tutelado por la Junta y la gestión directa seguirá en manos de FCC. Los nuevos accionistas entrarán, en principio, sólo como socios capitalistas, sin intención de asumir la dirección.

El trato se cerró finalmente al filo de las 22.00 horas del martes por un montante superior a los cien millones de euros, aunque inferior a los 125 que se planteaban en la negociación con el primer fondo que estuvo interesado, Blackstone. La razón está en que finalmente se ha concretado una aportación fija por la participación, y no fija más variable, como en aquella ocasión. Los compradores encargaron un informe a la consultora Typsa para conocer a fondo las características de la inversión, los datos de viajeros actuales y futuros y las posibilidades de cumplimiento del calendario previsto para los próximos hitos (la llegada a El Corte Inglés, a la Alameda Principal y al Hospital Civil).

¿Quiénes son?

Macquaire, un fondo australiano que ya tiene experiencia en negocios en España (compró parte de los activos de la eléctrica E.on el año pasado), era uno de los cuatro grupos empresariales que en los últimos meses se han interesado en la adquisición de este paquete accionarial, después de que finalmente se rompiera el preacuerdo de compra por parte de la estadounidense Blackstone. Por su parte, InfraVia es una sociedad de gestión de capitales francesa, especializada en el sector de las infraestructuras.

Aunque el preacuerdo de compraventa ya está rubricado entre los privados, el acuerdo definitivo está sujeto a dos pasos: primero, tras ser informada, la Junta de Andalucía tendrá que declinar su derecho de tanteo preferente, tal y como recogen los estatutos de la sociedad y el pliego de condiciones del contrato de concesión. Segundo, el resto de accionistas de la sociedad concesionaria Metro Málaga (FCC, Globalvia, Comsa y Vera) también deberán rechazar esta posibilidad. Y ya quedará despejada la transmisión, previsiblemente hacia finales de este año.

Una vez que se conforme la nueva estructura, la composición del accionariado será la siguiente: Macquaire e InfraVia serán los socios mayoritarios, con el 39,4%. Le seguirá la Agencia de Obra Pública de la Junta, con el 23,69%. La tercera en importancia será Globalvia (15,31%), que hasta fechas recientes era filial de FCC y cuyo capital actualmente está en manos del Malasia Khazanah Nasional Berhad, el fondo de inversiones estratégicas del Gobierno del país asiático. En el caso del metro de Sevilla, esta entidad copa el 88,25% de la propiedad.

La siguiente en la escala es la constructora FCC, con su participación del 10,01%. Es casi la misma cuota que mantiene Comsa-Emte (10,56%) y cierra el consejo de administración el Grupo Vera (1,04%). Apesar de las cifras, la alianza Junta-FCC es la que lleva el peso de la gestión diaria de la concesionaria.

Precisamente, el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, compareció ayer en comisión parlamentaria, tras la presentación por parte del presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Antonio López, de un informe sobre los proyectos de colaboración privada. Al respecto, defendió que los metros de Málaga y Sevilla no se hubieran podido hacer con financiación únicamente del presupuesto de la Junta, y reivindicó su rentabilidad social, dado que en el año 2042, cuando concluya la concesión a la adjudicataria, habrán dado servicio a 35 millones de viajeros, por lo que «no se puede hablar de un coste multimillonario por un capricho de la Administración».

Al tiempo, justificó el sobrecoste en la construcción, de unos 600 millones, en la complejidad de las obras y en factores impredecibles. De hecho, puso de relieve que algunos de estos extras corresponden en realidad a actuaciones complementarias.