La Junta se abre a negociar con la concesionaria de los Baños del Carmen

Después de casi un año de tiras y aflojas burocráticos, y con el asunto ya en los tribunales, aparece un primer resquicio de luz. De momento, sólo eso, pero ya es un paso hacia una posible salida negociada al bloqueo del Plan Especial de los Baños del Carmen, después de que la Junta haya emitido hasta cuatro informes negativos a la transmisión de las acciones de la sociedad concesionaria, que se produjo a finales de septiembre pasado.

Dirigentes del Gobierno andaluz han pedido que se busque una vía administrativa para resolver el entuerto lo antes posible. Según pudo saber este periódico, preocupa el hecho de que el recurso contencioso-administrativo, que los concesionarios presentaron la semana pasada, supondrá posponer la solución del conflicto durante varios años, hasta que haya una sentencia (y sus correspondientes recursos). Ello se podría demorar incluso más allá de la fecha de caducidad de los derechos de explotación, que expiran a finales de 2018. Mientras que el conflicto esté vivo no se podrá intervenir en los terrenos del antiguo camping, donde el Plan Especial prevé un parque público; ni se podrá acometer el nuevo paseo marítimo.

Y ello, sin contar con que numerosos expertos jurídicos, de la Abogacía del Estado y del Colegio de Notarios consideran factible que finalmente el tribunal le dé la razón a los privados. Al tiempo, es notoria la mejora de la calidad de las instalaciones y la aceptación por parte del público desde que se produjo el cambio de los titulares.

Estudio de las alegaciones

Para ello, la última vía que se pretende explorar es el estudio de las alegaciones, presentadas por el grupo de empresarios que lidera Damián Caneda, contra la resolución de la Consejería de Medio Ambiente que ordenó el inicio del procedimiento de extinción de los derechos para explotar este negocio.

Los concesionarios apelan a la «desproporcionalidad» de la medida, que supondría el máximo castigo (a efectos tanto jurídicos como económicos) frente al precepto de la Ley de Costas que supuestamente se habría incumplido, esto es, la ausencia de información previa a la Consejería de Medio Ambiente, antes de formalizar la compraventa de las acciones. Al tiempo, vuelven a argumentar que dicha falta sería «subsanable» y no podría justificar por sí misma la retirada de toda una concesión administrativa a un titular que actúa de buena fe.

En el supuesto de que se aceptaran las alegaciones se podría plantear una prórroga de la concesión, mediante un convenio a tres bandas: privados, Junta y Demarcación de Costas, dado que los terrenos están sometidos a un Plan Especial. De esta manera, el canon se podría invertir tal y como estaba previsto hace un año en las obras para acondicionar el entorno, por un valor de unos 2,5 millones de euros. A su vez, dado que el máximo espacio utilizable para uso hostelero sería de 2.500 metros cuadrados, toda la parte del bosquete de eucaliptos pasaría a ser de nuevo titularidad de Costas (como dominio público marítimo-terrestre) que, a su vez, lo cedería al Ayuntamiento de Málaga para su mantenimiento y gestión como parque público. En cambio, las mismas fuentes advierten de que hay poco margen legal para encontrar una salida negociada, aunque quieren explorar todas las opciones antes de que el proceso quede inexorablemente sometido a un largo proceso en los tribunales de lo contencioso-administrativo. Desde 1988, cuando los anteriores titulares (Vera y Acha) compraron la concesión, los malagueños no han conocido otra cosa.