Una jueza de Málaga aplica la doctrina europea para anular una cláusula abusiva de un préstamo

La titular del Juzgado de Instancia número 8 de Málaga, María Isabel Alvaz, ha declarado abusivo el interés de demora del 18% fijado en un préstamo de 18.000 euros concedido por Caja Rural a unos consumidores. Sin embargo, en lugar de aplicar la reforma de la Ley Hipotecaria de 2013 que permite rebajar esos intereses para ajustarlos al 12%, es decir, tres veces el interés legal del dinero, el máximo permitido, la magistrada se apoya en la doctrina del TJUE para anular la cláusula, de forma que impide al banco cobrar cantidad alguna.

En su auto, la juez asegura que «ese recálculo del interés no es otra cosa que la moderación por vía legal de una cláusula abusiva, lo que iría en contra de la jurisprudencia emanada del TJUE». Este tribunal consideró en sendas sentencias en 2013 que «la modificación del contenido de la cláusula no garantiza al consumidor una protección tan eficaz como la resultante de la no aplicación de la misma».

En ese sentido, la doctrina europea razona que aunque el juez nacional (en este caso el español) tenga la facultad de modificar el contenido de las cláusulas abusivas esto «contribuiría a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre las profesionales (las entidades financieras)» de que tales cláusulas abusivas «no se apliquen» frente a los consumidores». Y añade que las entidades financieras «podrían verse tentadas a utilizar las cláusulas abusivas» al saber que, aún cuando llegara a declarase su nulidad, el contrato podría ser integrado por el juez nacional en lo que fuera necesario, «garantizando de este modo el interés» de dichas entidades.

Por ello, la jueza de Primera Instancia número 8 resuelve que, «como es imposible modificar el contenido de la cláusula abusiva», el banco «sólo puede reclamar» la cantidad impagada del principal de préstamo que concedió, así como los intereses ordinarios.

La pareja de afectados por la cláusula abusiva firmaron en 2010 una escritura de préstamo de 18.000 euros, en cuyo punto cuarto se fijaba un 18% de intereses de demora sobre cada cuota vencida e impagada. Se establecía la devolución del dinero en 60 cuotas de 364,98 euros mensuales. A finales de 2012 dejaron de pagar las letras, por lo que la entidad bancaria llevó al juzgado la ejecución del préstamo y reclamó que se les embargaran sus bienes por valor de 12. 174 euros del principal más 3.652 por intereses de demora.

Novedosa resolución

Francisco Javier Galán, abogado que representa a la pareja a la que fue concedido el préstamo califica de «novedosa» esta resolución porque «ahora el juez puede dejar sin efecto y eliminar por completo, la cláusula abusiva en el lugar de atemperarla como se venía haciendo». El letrado recuerda que el Gobierno realizó una modificación legislativa por la cual los jueces podían atemperar los intereses de las cláusulas abusivas de tal forma que estos no podían superar el triple del interés legal del dinero, que es del 12%.

Galán considera que esta nueva doctrina del TJUE en la que pueden apoyarse ahora los jueces «permite a los consumidores tener una posición de fuerza ante las entidades bancarias», tanto en la anulación de las cláusulas abusivas, como para poder negociar nuevos plazos y daciones en pago etc., en caso de préstamos hipotecarios.