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Costas no rescatará la concesión de los Baños del Carmen y deja la decisión en manos de la Junta

El organismo estatal alega que hay «incongruencias» en la última resolución de Medio Ambiente y le recuerda que la extinción es competencia suya

Ignacio Lillo

Viernes, 6 de febrero 2015, 21:03

Sigue el tira y afloja entre la Junta y Costas acerca de las competencias para decidir sobre el futuro de los Baños del Carmen. Como se esperaba desde mediados de enero, la Demarcación remitió ayer a la Delegación de Medio Ambiente un escrito en el que rechaza la posibilidad de asumir el rescate del antiguo balneario tal y como le pidió el Gobierno andaluz y deja la decisión final en sus manos.

El escrito pone de relieve que, pese a que los técnicos autonómicos declaran expresamente la existencia de una causa de extinción de los derechos (en la medida en que la compraventa de las acciones se produjo sin consentimiento previo) también se aboga por que sea Costas la que lleve a cabo el rescate. Esta determinación es, a juicio de los responsables de Costas, «incongruente», y argumentan que si existe una causa de extinción imputable a la concesionaria sería «contrario a derecho» aplicar una fórmula de naturaleza expropiatoria.

En este punto, los juristas estatales explican que el rescate supone una finalización anticipada del título, por causas ajenas a las decisiones de los propietarios. Por tanto, si existiera una causa de extinción previa, resultaría contrario a derecho «indemnizar a quien ha incumplido» con las normas por las que recibió la potestad para explotar ese espacio.

Cabe recordar que la resolución de la Junta, emitida el pasado 16 de enero, afirma expresamente que se da una causa de extinción prevista en el artículo 78.1 de la Ley de Costas. En la medida en que Medio Ambiente considera que la compraventa de las acciones de la sociedad concesionaria Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen debe tener esta consecuencia, la Demarcación de Costas afirma tajantemente que es «imposible» el procedimiento de rescate.

A partir de este punto, se abre un escenario casi tan incierto como el anterior. En la vía administrativa aún se tendrán que producir dos pasos más en este largo serial. De una parte, tanto el Gobierno andaluz como el central han manifestado su voluntad de sentarse a estudiar una salida al galimatías jurídico que se ha producido. Ahora mismo se desconoce si quiera quién es el titular legal en la sociedad concesionaria (los actuales o los anteriores), dado que la Junta no reconoce unos nombramientos que sí constan en el Registro Mercantil. Así que lo primero será despejar quién es el interlocutor válido.

Nuevos recursos

En paralelo, los compradores (el grupo de empresarios que preside Damián Caneda) y los vendedores (las constructoras Vera y Acha) están preparando un recurso de alzada contra la decisión autonómica de no considerar válida la transmisión que se produjo el pasado 30 de septiembre, y siguen manteniendo que el fallo que se produjo por no informar previamente de este paso a la Administración es subsanable.

En última instancia, en el caso de que la Junta se mantenga en sus trece y decida seguir adelante con el procedimiento de extinción, los propietarios interpondrán un recurso Contencioso-Administrativo. Ello hará que se abra un nuevo periodo de incertidumbre acerca de la solución, que se podría posponer durante varios años, antes de que se pueda llevar a cabo el ansiado proyecto de rehabilitación.

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