Imagen aérea en la que se aprecia la obra de encauzamiento de la desembocadura del Guadalhorce que hizo la CHS.

La Junta obliga a cambiar el PGOU por los riesgos de inundación en el Guadalhorce

El Gobierno andaluz recuerda que dio luz verde a los proyectos con la condición de que fueran informados positivamente en materia hidráulica

Jesús Hinojosa

Lunes, 1 de diciembre 2014, 16:03

El Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Málaga, un documento que el Ayuntamiento tardó ocho años en elaborar y consensuar con la Junta de Andalucía, y que marca el desarrollo de la capital para las próximas décadas, tiene que cambiarse en una gran parte de sus determinaciones para adaptarlo a los estudios de inundabilidad elaborados por el Gobierno andaluz para la cuenca delGuadalhorce. Así de claro lo tienen los responsables de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación delTerritorio, al ser consultados por este periódico, que ha venido informando en los últimos días sobre el freno que estos estudios suponen para proyectos de carácter fundamentalmente empresarial, industrial y comercial previstos en los ámbitos de la vega de Campanillas, elGuadalhorce y la zona de San Julián y Guadalmar, que ahora pasan a estar considerados como suelos inundables y, con ello, vetados a cualquier construcción. Entre los que se encuentran en peligro por esta nueva situación está la ampliación del centro comercial y de ocio Plaza Mayor.

Expertos critican el excesivo «pesimismo» de los cálculos efectuados por la consejería

Varios expertos en materia hidráulica consultados por este periódico mostraron su sorpresa y disconformidad a priori ya que aún no se conoce el contenido del estudio de inundabilidad delGuadalhorce con los mapas derivados de este trabajo encargado por la Junta a la consultora Sener en el otoño de 2008. Todos ellos coincidieron en el excesivo «pesimismo» de los cálculos defendidos por la Consejería de Medio Ambiente, a la que achacaron que siempre se ponga en el «peor de los escenarios posibles» para evaluar los riesgos de inundaciones de un territorio.
José Damián Ruiz Sinoga, profesor de Geografía de la Universidad de Málaga, indicó que los mapas de inundabilidad a 500 años dados a conocer por la consejería provocan una «alarma innecesaria» y reflejan algo que parece «muy improbable porque existen medidas correctoras que pueden aplicarse para evitar llegar a esos extremos de inundación». Igualmente, Ruiz Sinoga se extrañó de que para la Junta no sea ahora suficiente la obra de encauzamiento del tramo sur del Guadalhorce que acometió la entonces Confederación Hidrográfica del SUR (CHS) hace más de una década y que supuso una inversión de unos 72 millones de euros entre obras y expropiaciones. «Creo que era una obra hasta desmedida para las avenidas que podría albergar el río», dijo.
El director de aquel proyecto fue el ingeniero, ya jubilado, Juan Antonio Rodríguez Arribas, quien recordó que el encauzamiento se hizo para una capacidad de desagüe de más de 4.000 metros cúbicos por segundo, lo que representa el doble de lo que se registró en las inundaciones de 1989. Según detalló este funcionario de lo que fue la CHS, el encauzamiento está calculado para una avenida con un periodo de retorno de 200 años, algo que considera suficiente para la desembocadura de un río cuyo caudal ya está regulado también por varias presas aguas arriba. Rodríguez Arribas sí reconoció que la operación quedó incompleta porque nunca llegó a realizarse la sustitución del puente de la Azucarera por uno nuevo, más elevado, acorde con la mayor capacidad del cauce. Según indicó, esto puede reducir la efectividad de los trabajos realizados a la mitad.
Para el director de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico, Juan Serrato, el encauzamiento que practicó la CHS, cuyas competencias fueron asumidas por la Junta, resulta actualmente insuficiente porque «se hizo con los medios técnicos de entonces y en base a unos cálculos que no se corresponden con los datos que tenemos ahora».

Juan Serrato, director general de Planificación y Gestión del Dominio Público Hidráulico de la consejería, expuso que toda actuación urbanística no materializada aún, ya sea nueva o aprobada con anterioridad al momento actual, «tiene que adaptarse a la nueva circunstancia» que supone contar con un estudio que detalla la huella de los suelos que, actualmente, presentan riesgo de inundación para un periodo de 500 años de retorno, que es lo estipulado para considerar una zona como inundable. Serrato quiso dejar claro que el estudio, que obra en poder de la Junta desde principios de este año, está bien fundamentado técnicamente y debe tenerse en cuenta porque es una cuestión que «afecta a la vida de las personas y a la seguridad de los bienes».

Además, este responsable autonómico recordó que todos los proyectos que ahora pueden quedar anulados o forzados a modificarse fueron aprobados en 2011 por la Junta con la condición de que fueran analizados posteriormente en varios estudios de inundabilidad. «A la hora de dar el visto bueno al PGOU se hizo mención expresa a que todo estaba condicionado a los análisis sobre el riesgo de inundaciones. El Ayuntamiento lo sabía», recalcó Serrato, quien anunció que la consejería tiene intención de entrevistarse con el equipo gobierno municipal para exponerle con detalle el contenido del estudio sobre elGuadalhorce. No obstante, precisó que aún no tienen una fecha fijada para reunirse porque los servicios técnicos de la consejería están verificando aún los cálculos del estudio.

«Entiendo que esto puede generar tensiones», dijo el director del Dominio Público Hidráulico en relación a la inseguridad que el nuevo mapa de inundabilidad supone para los promotores e inversores con intereses en la zona algunos de ellos ya han mostrado sus críticas y su preocupación, pero insistió en que hay que «preservar la vida de las personas».

Medidas correctoras

No obstante,Serrato quiso dejar claro que esta situación no es irreversible y que los proyectos podrían recibir el visto bueno de la Junta siempre que se adopten medidas de defensa «activas o pasivas» para evitar el riesgo de inundaciones. Unas actuaciones u obras correctoras que, según expuso, deben ser promovidas o lideradas en este caso por el Ayuntamiento, en colaboración o no con los privados con intereses en cada uno de los sectores afectados. «En estos casos, en los que no se trata de intervenciones de defensa en las que premie el interés general, son los ayuntamientos los que tienen que tomar la iniciativa, y la Junta ayudaría», comentó el director, quien concretó que la huella de inundabilidad afecta a todos los proyectos que no hayan sido iniciados hasta ahora, con independencia de que fueran introducidos en el PGOU de 2011, o correspondan al anterior Plan General, lo que amplía el número de los que se ven frenados.