La Junta se compromete a emitir un dictamen sobre la validez de la venta del balneario

Situación actual de la terraza del restaurante del antiguo balneario. /
Situación actual de la terraza del restaurante del antiguo balneario.

Medio Ambiente ha puesto el caso en manos de los servicios jurídicos para determinar si el error anula la operación o se puede subsanar

IGNACIO LILLOMálaga

La Junta llegará hasta el final en el embrollo legal sobre la venta de la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen, concesionaria de los Baños del Carmen. La Delegación de Medio Ambiente se ha comprometido a asumir las competencias que tiene transferidas y a emitir un nuevo dictamen, con el que espera zanjar la cuestión.

Este nuevo documento, que se sumará al que ya emitió a finales de octubre, servirá para aclarar el alcance del incumplimiento que ya se ha determinado como tal del artículo 70.2 de la Ley de Costas, en la medida en que los vendedores no informaron previamente a la Administración de que querían transmitir la totalidad de las acciones.

Solicitan la implicación de la concesionaria

El delegado de Medio Ambiente, Javier Carnero, solicitó ayer la implicación de la sociedad concesionaria, a la que invitó a aportar sus argumentos jurídicos por el cauce oficial, de cara al dictamen que su departamento va a preparar. De momento, los nuevos socios sólo han solicitado a la Junta el reconocimiento como propietarios y que se autorice la prórroga del periodo concesional. «En este punto ellos tienen que hablar y aportar sus razones».

Aunque de momento no lo han hecho constar ante la Administración, el presidente de la empresa, Damián Caneda, ya informó días atrás en rueda de prensa de que sus abogados consideran que el error que se ha producido, por no informar a la Junta antes de vender, es «subsanable».

El delegado de Medio Ambiente, Javier Carnero, informó ayer de que ya ha solicitado un informe al respecto a los servicios jurídicos de la Consejería, y reiteró que su departamento ha ejercido con anterioridad sus competencias y lo volverá a hacer, para clarificar lo que sea necesario. El pronunciamiento se hará cuando se reciba la petición formal por parte de la Demarcación de Costas.

Bajo esta decisión también subyace la voluntad compartida de la Administración autonómica y el Gobierno central de evitar que la solución se enquiste durante años por un conflicto competencial en los tribunales, algo que sería muy mal recibido por parte de la ciudadanía.

El elemento central del análisis es si el incumplimiento del artículo 70.2 de la Ley conlleva la nulidad de la concesión histórica; o si cabe la posibilidad de subsanar el error. Si la transmisión se declara «nula» se dará un supuesto de extinción de los derechos, por un presunto incumplimiento de las condiciones de explotación. En este caso, tendrá que ser Medio Ambiente quien se haga cargo de culminar el procedimiento legal contra los anteriores propietarios (Vera y Acha), y este ya no será por la vía del rescate, sino de la nulidad, por lo que no conlleva indemnización.

Si esta es finalmente la decisión de los juristas, Medio Ambiente asumirá su responsabilidad y ejecutará el expediente directamente con los titulares, sin la intervención de Costas. «Estaremos a lo que diga el dictamen de la Abogacía de la Junta», afirmó Carnero.

Fallo subsanable

La otra posibilidad es que lo declaren «subsanable», lo que supondría establecer unas condiciones para corregir el incumplimiento y para que Medio Ambiente pueda revisar que los cuatro socios que compraron las acciones de la sociedad no tienen supuestos que les impidan negociar con la Administración, tales como deudas con la Seguridad Social.

Por esta vía, el expediente regresará a todos los efectos a la Demarcación de Costas, que podrá a su vez retomar la negociación con los nuevos propietarios; o bien culminar el procedimiento de rescate, que está paralizado a la espera de los acontecimientos. Tanto una como la otra opción son legales.

En este escenario, lo que resta de noviembre y diciembre van a ser fundamentales para este enclave emblemático de la ciudad, cuyo futuro está condicionado por las decisiones legales que adopten las administraciones, y que pueden suponer la diferencia entre iniciar la rehabilitación el próximo año o que esta se posponga, una vez más, sin un horizonte claro.