La Junta tendrá que aclarar si la compra de los Baños del Carmen es nula o se puede subsanar

Bajó al ruedo, pero le faltó rematar la faena. La Delegación de Medio Ambiente de la Junta asumió finalmente su competencia sobre las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre y declaró que la transmisión de las acciones de la sociedad concesionaria no se ajustaba al artículo 70.2 de la Ley de Costas, en la medida en que la compraventa no estaba autorizada previamente por la Administración. ¿Significa eso que la operación es nula o se puede subsanar el defecto? Esa pregunta todavía no se ha resuelto, y es lo que espera saber la Demarcación de Costas, que tiene previsto remitir en los próximos días una nueva petición, en la que le instará a aclarar la posición expresada en su escrito anterior.

La respuesta tiene una importancia trascendental, puesto que condiciona el camino para resolver el atasco en el que se encuentra la tramitación del proyecto en estos momentos. Tanto es así que, antes de dar el paso, el organismo estatal ha solicitado un informe jurídico de la Abogacía de la Dirección General de Costas para ir sobre seguro.

Si la transmisión se declara «nula», que es la lectura que hizo en un principio el delegado de Medio Ambiente, Javier Carnero aunque no consta así en el escrito oficial le toca al Gobierno andaluz culminar el procedimiento contra los anteriores propietarios. Este ya no será de rescate, sino de nulidad, al producirse un supuesto incumplimiento de las condiciones de la concesión (se ha vendido sin permiso). Este trámite no conlleva indemnización, aunque los propietarios acudirán con seguridad al Contencioso-Administrativo para defender sus derechos.

La Delegación de Medio Ambiente tiene una segunda opción, que es declarar que la falta que se ha producido es «subsanable», esto es, que se puede corregir (y hacer la propuesta con los trámites necesarios para la legalización). Es la argumentación jurídica que esgrimen los nuevos propietarios, para quienes la situación se puede regularizar sin mayores consecuencias. De esta forma, pasarán a ser los titulares de pleno derecho, y la pelota volverá directamente al tejado de Costas.

En este punto, el organismo podrá retomar el rescate paralizado en estos momentos en el punto donde se quedó; o bien volver a la senda de la negociación con los propietarios como había ocurrido anteriormente para prorrogar el periodo de explotación, previo pago por adelantado del canon a 30 años (2,4 millones de euros).

El escenario menos deseable es que la Administración andaluza rechace volver a pronunciarse, o no aclare si es nulo o subsanable; en cuyo caso el conflicto de competencias entre administraciones se tendrá que dirimir en los tribunales (incluso en el Constitucional) y la solución tardará en llegar, al menos, un año y medio.