¿Hacia dónde va el balneario?

La historia se repite, con diferente escenario y protagonistas, pero con los mismos tintes de otros tiempos. Una mezcla de política y burocracia se cruzan en el camino del balneario, justo cuando parecía que estaba más cerca que nunca de resolverse. La previsible respuesta de la Junta de Andalucía, en el sentido de que no le corresponde decidir sobre la compraventa de las acciones, unido a las polémicas políticas, dilatarán la resolución final sin un horizonte claro.

De entrada, se ha planteado un conflicto de competencias entre la Dirección General de Costas con quien ya se han alineado la Subdelegación del Gobierno y el Ayuntamiento y la Delegación de Medio Ambiente. Al contrario de lo que sucedía en el caso de las concesiones de los chiringuitos, ahora nadie quiere asumir la tutela legal sobre la operación de traspaso de la sociedad Parque Balneario Nuestra Señora del Carmen.

Costas alega que tras la transferencia de la gestión de los negocios en las playas debe ser el Gobierno andaluz quien se pronuncie sobre una operación económica que, de entrada, no se ajusta a lo que dicta la actual Ley de Costas, en el sentido de que la consulta a la Administración debía haberse hecho antes, y no después. Desde Medio Ambiente, en cambio, se sostiene que las zonas sometidas a planes especiales, como este, siguen siendo potestad del organismo estatal, quien además será el que aborde o no la posible negociación con los titulares, para la prórroga del periodo de explotación, previo pago por adelantado de los próximos 30 años.

Si las respectivas abogacías estatal y autonómica y sus máximos responsables no resuelven el conflicto de manera amistosa podría ser necesario acudir al contencioso-administrativo. O sea: años de espera hasta que se pueda empezar con la rehabilitación. Incluso podría darse el caso de que llegue antes la fecha de caducidad (2018). Para evitarlo, fuentes cercanas al proyecto abogan por llegar a un acuerdo entre ambas administraciones para el reparto de las responsabilidades que ahora están en entredicho, y desbloquear la situación.

Para terminar de enmarañar el asunto, la entrada en escena del exconcejal de Cultura, Turismo y Deporte, Damián Caneda, quien ha pasado a presidir la sociedad apenas tres meses después de dejar el cargo (tal y como adelantó este periódico), ha causado un fuerte revuelo en la Casona. Los grupos de la oposición, PSOE e IU, exigieron ayer al alcalde, Francisco de la Torre, que dé explicaciones sobre lo que consideran un escándalo político. «Queremos que De la Torre comparezca y aclare todo este asunto y sus vaivenes en cuanto a apoyar primero la postura de los nuevos concesionarios y luego abogar por un concurso público», exigió ayer el portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, quien especuló con la posibilidad de que el regidor diera un paso atrás «porque se iba a conocer la participación de Caneda en esta sociedad». A su juicio, no es comprensible que Caneda, al poco tiempo de su salida del Ayuntamiento, participe en un asunto «en el que el Consistorio tiene tanto que decir».

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Mario Cortés, volvió a reclamar que la operación sea validada por la administración «competente», que, a su juicio, es la Junta, y hasta que eso no se produzca, consideró que los nuevos inversores «legalmente no son los titulares». El edil rechazó tajantemente que existan conversaciones oficiales con ellos, y menos por parte del Ayuntamiento, que, aunque debe opinar por ser un proyecto emblemático de la ciudad, «legalmente no pinta nada».