Un juez obliga al Ayuntamiento a abonar 180.000 euros a la Junta por un vertido

Uno de los múltiples enfrentamientos entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que se produjo hace casi una década, le ha pasado finalmente una factura al Consistorio de casi 180.000 euros. Es el dinero que, según una sentencia judicial que ya es firme, tiene que abonar el gobierno local al autonómico por los trabajos que este último realizó en las playas de Huelin para retirar decenas de toneladas de arena contaminadas por un vertido de hidrocarburos que se provocó a consecuencia de las obras para construir los nuevos chiringuitos.

El pago de este importe a la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía forma parte de los cambios presupuestarios que el equipo de gobierno local aprobó hace un par de semanas. En concreto, la sentencia obliga al Consistorio a abonar una factura de 129.840 euros a la que hay que sumar 50.004 euros más en concepto de intereses.

El vertido de hidrocarburos fue detectado en abril de 2005 a raíz de las obras de los nuevos chiringuitos. Posiblemente se trataba de una balsa subterránea sellada que tuvo su origen en la actividad de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH) en los terrenos que actualmente ocupa el Parque Huelin.

Tras detectarse este escape de residuos contaminantes se inició una polémica entre el Ayuntamiento y la Junta a cuenta de quién era el responsable del suceso y quién tenía que correr con los gastos de la retirada de la arena contaminada. Esta discusión tuvo como protagonistas al entonces delegado de Medio Ambiente, Ignacio Trillo, y a la todavía concejala de Playas, Teresa Porras. La Junta llegó incluso a abrirle un expediente al Consistorio al culparle de este vertido de 90 toneladas de residuos de hidrocarburos.

El Ayuntamiento siempre se negó a asumir los gastos de la retirada de estos restos contaminantes, que fue realizada por la empresa pública Egmasa en julio de aquel año tras casi tres meses de discusiones. La arena y piedras impregnadas de hidrocarburos fueron trasladadas a un vertedero autorizado de residuos peligrosos situado en Nerva (Huelva).

Sentencia

El juez apunta en su sentencia que ha quedado demostrado que se produjo por parte del Consistorio el encargo a la empresa Egmasa para que llevara a cabo la retirada de los residuos, y argumenta que el hecho de que posteriormente se le pudiera exigir el importe de estos trabajos a la responsable del vertido en este caso supuestamente la compañía CLH, no le exime de abonar la factura a la citada sociedad, perteneciente a la Junta de Andalucía.

Tras conocer este fallo judicial, la concejala de Servicios Operativos y Playas, Teresa Porras, ha remitido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 un escrito en el que critica que «la vehemencia» con la que el Gobierno andaluz exige al Ayuntamiento el abono de la factura contrasta con su «negligente actitud para determinar al responsable de los vertidos mediante un expediente de declaración de suelo contaminado, como es su obligación legal». Según Porras, este expediente se inició pero nunca se llegó a dictaminar o notificar una resolución al respecto, por lo que no se ha concretado aún quién fue el responsable del vertido para poder repercutirle los gastos de retirada de las arenas contaminadas, como se señala en la sentencia.

La concejala apunta que el Ayuntamiento le ha pedido hasta en tres ocasiones a la Consejería de Medio Ambiente dos de ellas este año que culmine el citado expediente y determine la responsabilidad última del suceso que se produjo hace casi una década en las playas de Huelin, del que también se llegó a culpar a Endesa como propietaria de la antigua térmica situada en el litoral oeste de la capital.