El carril bici de Málaga pincha en la política

Todo parecía encarrilado para que la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de la capital promovieran de forma conjunta una red de 64 kilómetros de nuevos carriles bici, al amparo del Plan Andaluz de la Bicicleta, que en otras ciudades ya está en marcha. Hasta ayer. El delegado de Fomento, Manuel García Peláez, lanzó el primer dardo al asegurar que el Consistorio estaba «mareando la perdiz», a raíz de una serie de modificaciones recientes que, a su juicio, afectaban a «elementos esenciales» del convenio por el cuál el Gobierno andaluz se compromete a poner el 75% de la financiación y que ya estaban acordados previamente.

«Tras más de un año de negociación, dimos por cerrado este asunto acordando los trazados y, sin embargo, ahora surgen unos problemas en relación con la interpretación del convenio por parte del Ayuntamiento». Los puntos de conflicto son tres, aunque el principal es el referente al pago de tasas y licencias, donde el texto propuesto por la Junta pide que se especifique expresamente que estarán exentos; mientras que el del Área de Movilidad no lo aclara.

A ello, se suma una discrepancia sobre la cesión de los suelos para poder licitar las obras; y sobre la necesidad de informes previos y posteriores de los técnicos municipales. «Estas cuestiones estaban habladas, por lo que no tiene mucho sentido volver atrás». Para García Peláez, el cambio de criterio se ha producido «de forma sorpresiva», cuando ya estaba prácticamente a punto de cerrarse.

Radicalmente diferente fue la versión ofrecida por el concejal de Movilidad, Raúl López, quien aseguró a este periódico que los términos del texto inicial y la última propuesta eran los mismos en lo referente a la cesión del suelo para la licitación y a los informes para la recepción de las obras. En cambio, sí es cierto que se ha modificado el capítulo de las tasas, y no se especifica que no se tendrán que pagar, sino que «estarán sujetas a la legislación vigente».

El responsable justificó este cambio en que los servicios jurídicos municipales consideran que un convenio «no es el lugar para regular una exención, y la forma jurídica ha de ser la correcta». En cambio, aclaró que ello no significa que pretendan cobrarlas, ya que entre instituciones la legislación contempla que las infraestructuras estén libres de tasas. Para López, las declaraciones del delegado solo se explican en que «no ha leído el convenio». El edil emplazó al delegado a una reunión para aclarar todas las dudas.

A pesar de este escollo burocrático, ambos responsables coincidieron ayer en el fondo de la cuestión, y manifestaron que sus respectivas instituciones sólo pretenden desbloquear este asunto y que los carriles bici se puedan construir cuanto antes.

Avance en las tecnocasas

Por otra parte, el delegado de Fomento adelantó ayer que la próxima semana se reunirá con el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, y con los responsables de la Gerencia de Urbanismo para presentarles un estudio individualizado, con propuestas de uso para cada uno de los solares que se expropiaron en el Centro dentro del plan de las tecnocasas.

El objetivo de este encuentro es avanzar en un acuerdo «político», sobre la base del trabajo que han realizado ya los técnicos de la Junta y del Ayuntamiento. Sobre el destino de los terrenos, comentó que algunos podrán salir a la venta; otros serán recuperados por los expropiados; en un tercer grupo se llegará a un acuerdo para edificar o rehabilitar y el último cupo se destinará a equipamientos públicos.