Más de 1.600 técnicos superiores sanitarios de Málaga están llamados a la huelga para exigir mejoras laborales

Los técnicos superiores sanitarios son vitales para que funcione el engranaje de la sanidad pública en Andalucía y en todas las provincias del país. Entre estos, se encuentran los técnicos de radiodiagnóstico y de radioterapia, anatomía patológica, medicina nuclear, laboratorio, documentación sanitaria, higiene dental, prótesis dental, audiometría, dietética, entre otros. Han estudiado un módulo superior de FP.

¿Qué piden? La huelga va dirigida, fundamentalmente, para protestar por las medidas que no ha tomado con relación al colectivo el Ministerio de Sanidad. Por ejemplo, están reconocidos como un grupo de la categoría laboral B desde 2007 tras una reclasificación efectuada en el Estatuto Básico del Empleado Público, explica una de las técnicas afectadas, Yolanda Salas. Eso sí, en la práctica les pagan como si pertenecieran a una categoría inferior, la C1. En 2023, en el Acuerdo Marco para la Administración del Siglo XXI el Gobierno se comprometió por escrito, asegura esta técnica, a proceder a la reclasificación, lo que no se ha llevado a cabo. Esto les hace perder unos 2.000 euros al año y, desde 2007, entre 35.000 y 40.000 euros. Critican que no se haya aplicado, en términos retributivos, esa reclasificación laboral.

Por otro lado, en el tan traído y llevado borrador del Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad no se les considera como Profesión Sanitaria Reglada, sino «como personal profesional», explica Rosa María Fernández. Es decir, seguiría sin pagárseles como si fueran grupo B, sino C1. «Ya éramos grupo B, pero nunca lo hemos cobrado», declara.

Pero hay más. Quieren que se ponga en marcha un grado universitario que contemple estas especialidades, dado que, según señala Yolanda Salas, España es el único país en el que no ocurre esto y, por tanto, ellos no pueden trabajar fuera del país. Ya con el Plan Bolonia muchas diplomaturas pasaron a ser grados de cuatro años, de manera que el colectivo se queja de que eso no ocurriera con sus títulos superiores de Formación Profesional, como sí sucedió, recuerda Salas, con los ATS en su época. «Pedimos más formación», dice Salas. «Aquí no sólo hacemos radiografías y algo de TAC, ahora hacemos resonancias, ecos, tratamientos oncológicos de radioterapia, ha evolucionado mucho, igual que las máquinas que hay en el laboratorio y la formación está igual que hace 35 años. Reivindicamos que sea un grado», precisa. Los afectados, incluso, se muestran dispuestos a realizar los procedimientos de convalidación que sean necesarios y a culminar los hitos formativos para adecuarse al nuevo marco.

La reivindicación de la clasificación profesional adecuada en el Estatuto Marco tiene una derivada, que señala Salas: «Cualquiera con un permiso del Consejo Superior Nuclear y con un curso podría dar rayos x. A eso abre la puerta el que no se nos considere una profesión sanitaria», además de criticar que otros profesionales como las enfermeras den los rayos. «Somos nosotros los que hacemos las mamografías, los radiólogos están con nosotros», declara.

Otra de sus críticas estriba en que dependen de la Dirección de Enfermería del Servicio Andaluz de Salud (SAS), una dirección asistencial, pero reclaman estar a las órdenes de la Dirección Médica con un coordinador de su profesión. «Nuestro superior es el radiólogo de guardia».

La dirigente sindical abunda, punto por punto, en las reivindicaciones esbozadas por su compañera: «Queremos que en el nuevo Estatuto Marco se nos reconozca como profesión reglada, no somos personal sanitario ahora; llevamos 20 años en el grupo B, se firmó un pacto en 2023 para pagarnos según nuestra categoría profesional, pero no se ha llevado a cabo, hay mucho intrusismo y cobramos menos. Las pérdidas rondan entre los 30.000 y los 40.000 euros desde 2007. Nosotros hacemos mamografías, aplicamos el tratamiento radioterápico, por ejemplo, y somos los más marginados y muy castigado».

En junio, hubo una reunión con el equipo de la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que se abordaron temas como «la dinamización del Grado Universitario, la declaración de Profesiones Sanitarias Reguladas, la corrección de la definición del MECU 5 para establecer expresamente la necesidad de un título habilitante que reconozca el ejercicio profesional, el acceso el acceso efectivo a los diplomas de acreditación y de acreditación avanzada, y la dependencia orgánica de la dirección médica. Asimismo, se planteó llevar al Pleno del Consejo Interterritorial la creación de la figura del Técnico Coordinador en todo el Estado, de forma unificada y bajo la dependencia funcional y orgánica de la Jefatura de Servicio y de la Dirección Médica, únicamente», consta en una nota de prensa de SIETESS, uno de los nueve sindicatos que conforman la Comisión por el Grado Universitario que han convocado los paros generales.

La ministra de Sanidad ha anunciado, sin embargo, «la inminente remisión del Anteproyecto al Congreso de los Diputados sin dar cumplimiento a ninguno de los compromisos adquiridos. Por otra parte, hemos remitido comunicaciones a todas las Consejerías de Salud de las CCAA solicitando apoyo para el cumplimiento de los acuerdos y alertando de las consecuencias que una medida de fuerza como la huelga podría suponer en términos de tensión de los servicios sanitarios y de afección al conjunto de los pacientes. A pesar de ello, hasta la fecha no consta que ninguna Consejería haya defendido estos compromisos en las reuniones de coordinación con el Ministerio», alegan.