Westminster podrá enmendar el 'brexit'

El ministro responsable de la negociación europea, David Davis, adelantó esta decisión un día antes de que hoy comience la fase más delicada de la tramitación del proyecto de ley de la Marcha, que pretende incorporar toda la legislación comunitaria a la británica, de modo que no haya un vacío legal en el momento en el que el país salga de la UE. El Gobierno teme que diputados favorables a la permanencia y de todos los partidos, salvo del DUP de Irlanda del Norte -que tiene un acuerdo con el Ejecutivo de May para garantizarle una mayoría-, se unan para votar enmiendas al proyecto ley de la Marcha. Hay 471 enmiendas. Hoy y mañana se celebrarán las primeras sesiones de una muy larga tramitación.

El anuncio choca con el del pasado viernes, cuando la primera ministra expresó en el 'Daily Telegraph' el apoyo del Gobierno a una enmienda al proyecto de ley, presentada por diputados euroescépticos, en la que se introduce un artículo que fija la fecha y la hora del 'brexit', las once de la noche (medianoche en Bruselas), del 29 de marzo de 2019.

El artificio de esa enmienda se ha demostrado al conceder que el Parlamento podría rechazar el acuerdo firmado y, en la versión del Gobierno, cancelar el acuerdo y así adelantar la fecha establecida. La promesa de la nueva ley y del voto intenta neutralizar enmiendas que exigían precisamente ese voto y que cuentan con el apoyo de muchos diputados. En el breve debate tras el anuncio, subrayaron al menos dos reparos a su promesa. El primero es que los diputados británicos votarán después de que se haya llegado a un acuerdo con el resto de la UE. ¿Qué ocurriría si enmiendan esa ley que describe el acuerdo?

Un diputado conservador, Dominic Grieve, que fue abogado general en el Gabinete de Cameron, señaló que lo lógico, «si se nos está acabando el tiempo» de la negociación de las enmiendas, es «que se extienda el tiempo previsto en el Artículo 50, de tal modo que todas las partes» puedan encauzar las nuevas circunstancias. La fecha del 'brexit' señalada por el Gobierno perdería vigencia y la extensión del plazo de dos años para culminar la negociación tendría que ser aprobada por unanimidad de los miembros de la UE.