La Justicia alemana rectifica la política climática de Merkel

La sentencia, que responde a una denuncia de cuatro colectivos ecologistas, entre ellos el movimiento juvenil Fridays for Future y Greenpeace, afirma que la legislación vulnera «derechos fundamentales» de las próximas generaciones, echando por tierra una pieza clave dentro de las medidas contra el cambio climático del actual Gobierno, la gran coalición de conservadores y socialdemócratas liderada por la canciller, Angela Merkel.

Agrega que la normativa sólo contiene objetivos de reducción de emisiones contaminantes hasta 2030 -cumpliendo con los acuerdos comunitarios- y que con estos objetivos no se alcanzaría lo suscrito en el Acuerdo de París, que persigue limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados centígrados frente a los niveles preindustriales. La consecuencia de estas medidas es que a continuación serían precisas «drásticas restricciones» en múltiples ámbitos, lo que vulneraría derechos y libertades fundamentales de las próximas generaciones. «Prácticamente todas las libertades de esas generaciones, en casi todos los ámbitos de la vida humana, podrían quedar potencialmente afectados», afirma el fallo del Constitucional germano.

La sentencia apunta de seguido que el Estado es responsable no sólo es responsable de las actuales generaciones, sino también de la seguridad de las futuras, así como de la integridad del medioambiente en su conjunto. Esto supone que no puede retrasar la asunción de medidas para detener el calentamiento global. No es legítimo tomar medidas «suaves» ahora si eso implica que las posteriores deberán asumir el grueso del coste. La «moderada» reducción de las emisiones contaminantes que pide la ley en cuestión supone recortes «más drásticos» a partir de 2030, prosigue la sentencia.

El Ley de Protección del Clima se marcaba el objetivo de cumplir con las metas medioambientales fijadas por la Unión Europea, que exigían para el final de esta década una reducción del 55% de las emisiones de gases que provocan el efecto invernadero con respecto a los niveles de 1990. Alemania las ha reducido ya en un 40% en relación a ese año.

El fallo, que insta al legislador a reformar la ley y adecuarla al mandato constitucional para finales de 2022, ha supuesto un terremoto político. La ministra de Medioambiente, Svenja Schulze, que había apostado por un texto más ambicioso, consideró que se trataba de «una motivación para avanzar hacia la neutralidad climática». «El Constitucional nos emplaza a marcar una estrategia también a partir de 2030», señaló. Para Greenpeace se trata de una sentencia «histórica».

La sentencia puede tener importantes consecuencias. Porque el 26 de septiembre hay elecciones generales en Alemania y es probable que la reforma de esta ley quede para el próximo Gobierno. Esto es clave, ya que las dos alianzas posibles según las encuestas tienen entre sus integrantes a Los Verdes. Incluso los sondeos de intención de voto más recientes apuntan a que los ecologistas podrían ganar los comicios. Los Verdes obtendrían entre un 23 y un 28% de los votos. El bloque conservador, por su parte, lograría entre un 22 y un 23%. En tercer posición quedarían los socialdemócratas, con entre un 13 y un 16%.