El Gobierno francés, arrinconado entre la ola contra el racismo y la cólera policial

«Las declaraciones de Christophe Castaner han sido la gota que colma el vaso, no podemos más». El secretario general del sindicato Alliance, Fabien Vanhemelryck, resumía este viernes la desazón del estamento policial, que se siente injustamente atacado por la sociedad y traicionado por el Gobierno después de que el ministro del Interior prometiera el lunes «tolerancia cero» con el racismo en las fuerzas del orden.

A modo de protesta, agentes de distintas ciudades protagonizaron concentraciones en las que tiraron al suelo sus esposas de forma simbólica. En París, tras una pancarta que rezaba, a modo de advertencia -'Sin Policía no hay paz'- varias decenas de agentes recorrieron los Campos Elíseos hasta el Ministerio del Interior y el palacio presidencial para defender que «la Policía no es racista», y exigir ser recibidos por Emmanuel Macron.

No ha sido un año fácil para el cuerpo. Desde que se iniciaran las protestas de los 'chalecos amarillos' a finales de 2018, que luego se enlazaron con las grandes manifestaciones contra la reforma del sistema de pensiones, la actuación de las fuerzas de seguridad ha sido puesta en entredicho por organizaciones de defensa de las libertades, que les acusan de uso desproporcionado de la fuerza. Las denuncias y la presión del trabajo ha llevado a algunos hasta el límite. Los suicidios se han disparado entre los agentes: 56 en 2019 y 12 en lo que llevamos de año.

Ahora, el caso de George Floyd en Estados Unidos ha despertado en Francia el dosier de Adama Traoré, un joven de 23 años que falleció hace cuatro años después de una detención violenta. Su familia consiguió concentrar a más de 20.000 personas delante del Tribunal de París el pasado día 2, una protesta que acabó en disturbios, y para hoy ha vuelto a convocar manifestaciones contra el racismo y la violencia policial en varias ciudades francesas. El Ejecutivo teme que esta movilización social se convierta en una mecha que prenda de forma incontrolada por todo el país y ha intentado, desde el principio, calmar los ánimos.

Castaner prometió el lunes que se prohibirá la práctica del 'estrangulamiento' como técnica de detención y anunció que a partir de ahora se podrá suspender a los agentes cuando haya una «sospecha probada» de que han cometido un acto o manifestación racista. Muchos policías han interpretado estos anuncios como una «presunción de culpabilidad» y se ha instalado entre ellos una desconfianza hacia el ministro, al que algunos piden su dimisión. El titular de Interior ha recibido a los representantes sindicales para intentar apaciguar su cólera y mostrarles su apoyo, un intento de acercamiento que, por el momento, no parece haber aplacado su indignación.