Sarkozy: «El sindicato de la magistratura tiene la obsesión de destruirme»

En un extracto de la entrevista concedida a la cadena TF1 y a la emisora Europe 1, de la que se difundirá su versión completa a las 18.00 GMT, el que fuera jefe del Estado entre 2007 y 2012 ha señalado que "el sindicato de la magistratura tiene la obsesión de destruirme".

En opinión de Sarkozy, que ayer declaró ante la policía judicial y en calidad de detenido durante 15 horas, se le colocó bajo detención preventiva con la intención de humillarle, y se está dando una imagen de él que no se ajusta a la verdad. "Digo a quienes nos escuchan o nos ven que jamás he traicionado su confianza, que jamás he cometido un acto contrario a los principios republicanos o al Estado de Derecho", ha insistido el exmandatario en ese avance.

Instrumentalización política de la Justicia

El político conservador, primer exjefe del Estado francés obligado a prestar testimonio como detenido, ha subrayado que no pide "ningún privilegio" y que si ha cometido los hechos que se le achacan "asumirá todas las consecuencias", porque no es un hombre "que escape" de sus "responsabilidades". No obstante, ha considerado que "la situación es lo suficientemente grave" como para que se pronuncie y diga ante la ciudadanía que en Francia, "el país de los derechos humanos, el del Estado de Derecho", se está dando actualmente "una instrumentalización política de una parte de la Justicia".

En esta comparecencia, grabada horas antes de su difusión y de unos veinte minutos de duración, Sarkozy ha preguntado además si es "normal haber sido escuchado durante tanto tiempo", y que el contenido de esas escuchas telefónicas haya sido difundido por la prensa.

De ser condenado por "tráfico de influencia", el exmandatario podría ser condenado a hasta cinco años de cárcel, según lo estipulado por el Código Penal para estos casos, y una multa de hasta 500.000 euros. En cuanto al delito de "corrupción activa", está contemplada una pena de hasta diez años de cárcel. A estas penas se sumaría, con toda probabilidad, la prohibición de ejercer cargos públicos o su exclusión de las listas electorales durante un cierto tiempo.

Valls: "Los hechos son graves"

Así las cosas, el primer ministro francés, Manuel Valls, ha calificado de "graves" los delitos por los que ha sido imputado Sarkozy, al tiempo que ha prometido velar por la independencia de la justicia y la presunción de inocencia, "que vale para todo el mundo".

"Esta situación es grave, los hechos son graves", ha resaltado Valls en declaraciones a BFM TV y RMC. Se trata de un caso que "concierne a magistrados, altos magistrados, un abogado, un expresidente de la República", ha incidido, asegurando que como primer ministro respeta los "principios" de independencia de la justicia y de presunción de inocencia.

En cuanto a las denuncias de personas cercanas a Sarkozy de ensañamiento de los jueces hacia el exmandatario, Valls ha subrayado que se trata de "jueces independientes". "No es el poder quien pide a estos jueces hacer investigaciones, ellos actúan y ejercen su función de forma independiente", ha replicado. "Si en cada ocasión, con cada asunto, con cada caso, que afecta o no a políticos, hay este tipo de polémica, estamos minando los propios fundamentos del Estado de Derecho", ha lamentado Valls.

El caso

Además de Sarkozy, también han sido imputados su abogado, Thierry Herzog, y Gilbert Azibert, abogado general del Tribunal de Casación, que estaban bajo arresto provisional desde el lunes. Contra Patrick Sassoust, también abogado general del Tribunal de Casación, finalmente no se han presentado cargos y su arresto provisional fue levantado el martes, según su abogado. Los investigadores sospechan que una red de informantes dentro de la justicia y la Policía puso al tanto a Sarkozy de procedimientos judiciales en su contra.

Las sospechas han aparecido al margen de una investigación sobre las acusaciones de financiación por parte del exdirigente libio Muamar Gadafi de su campaña electoral en 2007, empujando a la justicia a realizar escuchas en dos teléfonos usados por el exmandatario el 3 y el 19 de septiembre de 2013. Estas escuchas revelaron que Sarkozy y su abogado estaban al tanto de los procedimientos en curso entonces en el Tribunal de Casación sobre el asunto de las sospechas de abuso de debilidad de la multimillonaria Liliane Bettencourt.

Los jueces intentan aclarar si Sarkozy ha tratado de facilitar una promoción en Mónaco de Gilbert Azibert a cambio de recibir información por anticipado sobre los avances en este caso.