Trump buscó desesperadamente la ayuda rusa para ganar las elecciones

El fiscal detalla los intentos del presidente por frenar la investigación pero no consiguió probar corrupción al no poder interrogarle

MERCEDES GALLEGO NUEVA YORK.

Desde que lanzó su campaña, Donald Trump estaba obsesionado con obtener la ayuda de Rusia para vencer a Hillary Clinton. Tanto, que encargó a su abogado personal, Michael Cohen, que arreglase un cita con Vladímir Putin cuando visitase Nueva York para asistir a la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2015, pero entonces el magnate inmobiliario sólo era un personaje de tabloides y 'reality shows', el más impensable para ganar la nominación de los 17 que aspiraban a representar al Partido Republicano.

Contra todo pronóstico Trump los batió a todos y en verano de 2016 estaba ansioso por conseguir que alguien le pasara «trapos sucios» de Clinton para ganar las elecciones. «¡Rusia, si estás escuchando, espero que seas capaz de encontrar los 30.000 emails que faltan!», dijo en julio de 2016 en conferencia de prensa. Rusia estaba escuchando. En apenas cinco horas, militares de la Inteligencia rusa intentaron piratear el correo de la ex secretaria de Estado, según revela el informe del fiscal especial, Robert Mueller, hecho público ayer. De hecho, los piratas informáticos ya habían accedido a los servidores del Partido Demócrata y al email personal del jefe de campaña de Clinton, John Podesta.

Trump no se limitó a pedírselo a Rusia. Se lo encargó a su asesor Michael Flynn y a «múltiples personas de su entorno», dice el informe. Una de ellas, Barbara Ledeen, que trabajaba para el senador republicano Charles Grassley en el Comité Judicial, llegó a montar una empresa dotada con «decenas de miles de dólares» que proporcionó, entre otros, Erik Prince, el fundador de la empresa de mercenarios Blackwater, cuya hermana ocupa ahora la cartera de Educación en el Gobierno de Trump.

Esa empresa contrató a asesores informáticos que se dedicaron a buscar los emails personales que la ex secretaria de Estado había borrado de su servidor privado. Fue Ledeen quien dijo que rusos, chinos e iraníes podían tenerlos ya, porque alguien había irrumpido en ese servidor que Clinton instaló en su casa de Chappaqua. Peter Smith, otro republicano de pro que trabajó en este asunto con Ledeen, dijo haber contactado con piratas informáticos «afiliados a Rusia que coordinaban esfuerzos con la campaña de Trump», pero el fiscal especial no pudo verificar esa acusación. También él dijo a los donantes estar «coordinando» esfuerzos con la campaña de Trump. En una ocasión Ledeen creyó tenerlos en la mano, pero los expertos que contrató determinaron que no eran auténticos.

Fue después de ganar las elecciones cuando se supo el grado de intromisión que tuvieron los rusos en la campaña electoral, hasta el punto de que muchos se preguntaron si el candidato era un caballo de Troya de los rusos. Cuando el fiscal general Jeff Sessions, que había sido su asesor durante la campaña, decidió excusarse de la investigación para evitar un conflicto de intereses y su adjunto nombró a un fiscal especial, Trump se desplomó horrorizado: «Estoy jodido. Esto es el final de mi presidencia».

Se equivocó, porque Mueller, abogado, fiscal, exmarine, republicano de pro y director del FBI con George W. Bush es, sobre todo, un institucionalista que quiso concluir su investigación con un respeto exquisito a las leyes y a los procedimientos. Por muchas pruebas circunstanciales que encontró, le faltó probar que Trump o su campaña se coordinaron directamente con los rusos. Si algo le quedó claro es que el mandatario hizo todo lo posible por entorpecer la investigación, pero no podía establecer su intención al despedir al director del FBI James Comey o buscar la dimisión de Sessions sin entrevistarle. Durante más de un año lo intentó sin éxito y llegó a considerar pedir a un gran jurado que decidiese si le podía mandar una citación judicial para obligarlo, pero los abogados de Trump dejaron claro que arrastrarían el caso hasta el Supremo, lo que retrasaría su investigación durante años.

Que decidiera el Congreso

Al final decidió exponer en su informe una decena de argumentos legales que justificarían la acusación de obstrucción a la justicia que acabó con la presidencia de Nixon y llevó a Clinton hasta una votación de 'impeachment', con la aparente intención de que el Congreso decidiera qué hacer. Fue, sin embargo, su superior, William Barr, un cargo político designado por Donald Trump, el que se atribuyó la potestad de decidir que el presidente «sólo estaba enfadado y frustrado» porque había sido acosado sin descanso por la prensa y el FBI.

Barr ha intentado manipular sus conclusiones para conceder al presidente la «exoneración total» que ha proclamado en Twitter, pero la publicación ayer del informe censurado saca a la luz las averiguaciones. Por si no fuera suficiente, el Comité Judicial de la Cámara Baja ya ha anunciado que llamará a Robert Mueller a declarar para que explique él mismo qué quería decir con las afirmaciones que hace. Un sarta de pruebas y acusaciones que constituyen un tesoro para futuras investigaciones y que todavía podrían llevar a Trump hasta los tribunales cuando pierda la protección que le da la presidencia.

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