Pena capital para una joven en Sudán por matar a su marido tras haberla violado

GERARDO ELORRIAGA

Los abogados de Noura Houssein cuentan con quince días para apelar la sentencia que la condena a muerte. Tal y como se preveía, el tribunal de la ciudad sudanesa de Omdurman dictó ayer la pena capital contra esta joven de 19 años, víctima de un matrimonio forzado y que acuchilló a su marido cuando intentaba violarla. Organizaciones locales de derechos humanos han iniciado una campaña global para salvar a la rea con los hashtags #JusticeforNoura y #SaveNoura.

No se trata de un caso aislado, según fuentes de Amnistía Internacional, que denuncia la situación de indefensión que padecen las mujeres sudanesas. La legislación del país africano permite el matrimonio a partir de los diez años y su código penal no contempla la violación en el ámbito conyugal. El caso de Noura es habitual, pero no resulta frecuente que las mujeres se opongan a su destino con tanta contundencia.

La familia convino el enlace con su primo Abdulrahman Mohamed Hammad en contra de su voluntad. La muchacha huyó de su hogar y buscó refugio en casa de una tía pero volvió ante la promesa paterna de renunciar al compromiso. La joven fue engañada y obligada a seguir adelante con las nupcias cuando contaba 16 años.

El año pasado, tras finalizar su educación secundaria, la muchacha fue entregada al esposo y, según las declaraciones de la inculpada, durante cinco días se negó a mantener relaciones sexuales con él. El relato señala que el 2 de mayo del pasado año el desairado cónyuge solicitó la ayuda de un hermano y un primo para someterla físicamente y violarla.

Al día siguiente, intentó también agredirla y ella lo acuchilló hasta la muerte. Noura buscó ayuda entre los suyos, pero su padre la entregó a las autoridades.

La familia del fallecido podía haber solicitado 'deia', una compensación económica, o 'qasas', la aplicación de la pena capital, según el ordenamiento de la 'sharia', aplicada estrictamente en Sudán, y eligió la segunda opción. La joven tan solo ha dispuesto del apoyo de ONG nativas durante su proceso judicial y sus seguidores han copado los tribunales durante la vista.

Los portavoces de estas entidades alegan que la encausada ha sufrido matrimonio forzado, violencia marital y aislamiento de sus familiares, y sostienen que el país recurre a la tradición, la cultura y la religión para someter al colectivo femenino.

En los últimos años, varias mujeres han sido arrestadas y encausadas por vestir pantalones y en 2014 Meriam Yahya Ibrahim también fue condenada a muerte por un delito de apostasía, pero la presión internacional consiguió su perdón y posterior liberación.

 

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