Muere Vincent Lambert, símbolo en Francia del debate sobre la muerte digna

Vicent Lambert en una imagen de 2013. :: EFE/
Vicent Lambert en una imagen de 2013. :: EFE

Fallece 9 días después de que los jueces accediesen a retirar la alimentación mecánica que lo mantenía vivo, tras 11 años en estado vegetativo

A. TORICESMADRID.

Vincent Lambert, en estado vegetativo desde hace once años, murió ayer, a las 8:24 horas, una semana después de la suspensión del tratamiento mecánico que lo mantenía vivo, lo que puso fin a una larga batalla judicial que lo convirtió en un símbolo del debate en Francia por el derecho a la muerte digna.

Lambert acababa de cumplir 32 años y estaba a punto de convertirse en padre por primera vez cuando su vida cambió para siempre en 2008, a causa de un accidente de coche cerca de su casa, en la ciudad de Chalons-en-Champagne. Quedó tetraplégico, totalmente dependiente y con la mayor parte de su actividad cerebral anulada. Tres años después, en 2011, los médicos decartaron cualquier posibilidad de recuperación. Su situación era irreversible, por lo que aconsejaron la retirada de las medidas terapéuticas que lo mantenían artificialmente con vida.

La muerte se produjo después del fallo de la Corte de Casación, el órgano jurisdiccional de más alto rango en Francia, que, poniendo fin a una cascada de sentencias y recursos en tribunales inferiores, autorizó el 2 de julio a su médico Vincent Sanchez, jefe de la unidad de cuidados paliativos del hospital de Reims, a poner en marcha la suspensión del tratamiento que lo mantenía con vida. Los médicos desconectaron las sondas que lo alimentaban e hidrataban mecanicamente y le administraron en paralelo una sedación profunda y continua para evitar cualquier tipo de sufrimiento.

El procedimiento médico para la detención del tratamiento ya se había puesto en marcha el pasado 20 de mayo, pero tuvo que interrumpirse al día siguiente por orden del Tribunal de Apelaciones de París, que aceptó un recurso 'in extremis' de los padres contra la autorización. La Corte de Casación reabrió el proceso y, en una resolución sin posibilidad de recurso, dio la razón a la mujer de Lambert, a sus hermanos y sus médicos, que defendían que era ensañamiento terapéutico mantener con vida por medios técnicos a un paciente en estado vegetativo y sin esperanza de recuperación.

La situación de Vincent Lambert desató una batalla legal que provocó un cisma familiar. Sus padres, Viviane y Pierre, católicos devotos, lucharon por mantenerlo con vida, con la ayuda de sus abogados y de varias asociaciones. Su esposa Rachel, su sobrino François y seis hermanos y hermanas denunciaron, por el contrario, un caso de ensañamiento terapeútico. Según ellos, Vincent había dicho que prefería morir a vivir en estado vegetativo y se alinearon con el criterio de los médicos. El problema de fondo que alargó esta pugna es que el enfermo no dejó sus deseos por escrito: no había hecho testamento vital.

Así, durante seis años, el caso de Lambert acaparó la atención de la opinión pública francesa al pasar de tribunal en tribunal, con las dos partes presentando recurso tras recurso. Los padres de Vincent perdieron la batalla pese a sus múltiples intentos de interrumpir el proceso, incluido un discurso ante la ONU en Ginebra para pedir «socorro».

La Corte de Apelación dio la razón a la esposa y a los médicos en base a la ley Léonetti, una norma de muerte digna aprobada en Francia en 2015, que prevé la posibilidad de detener un tratamiento médico si se trata de una «obstinación irrazonable» y autoriza a suspenderlos o no reeprenderlos en el momento en que sean «inútiles, desproporcionados o sin otro efecto que el mantenimiento artificial de la vida».

El presidente de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, el doctor Fernando Marín, aseguró, «sin ningún género de dudas», que la ley garantiza que en España el caso de Lambert tendría una solución idéntica a la demandada por su esposa y médicos y finalmente dictada por la Corte de Casación en Francia.

Marín explica que la ley española de Autonomía del Paciente, de 2002, reconoce a todos los enfermos, y en caso de incapacidad a sus representantes legales, el derecho a rechazar tratamientos que consideren innecesarios o gratuitos, incluidas las medidas que suponen un alargamiento artificial de la vida, aunque la negativa pueda causar su muerte. De igual manera, recuerda que el código deontológico de los médicos españoles prohíbe el ensañamiento terapéutico.

Estos derechos se han concretado y desarrollado con más detalle en diez leyes autonómicas y cuando se disolvieron las Cortes estaba a punto de aprobarse una ley nacional de cuidados paliativos y muerte digna, que los partidos prevén recuperar y aprobar en la nueva legislatura.

Marín, a la vista del caso Lambert, destacó la importancia de que los ciudadanos registren un testamento vital, que impida posibles luchas familiares o polémicas médicas.