El gigante minero Vale, condenado por la rotura de una represa de residuos en Brasil

La indemnización para los familiares de los 270 fallecidos y por los graves daños al medio ambiente puede ascender a más de 4.000 millones

MARCELA VALENTEBUENOS AIRES.

Menos de seis meses después de la tragedia ocasionada en Brasil por el colapso de una represa de residuos minerales, el gigante mundial del hierro Vale ha sido condenado a «reparar todos los daños» que provocó el siniestro. La justicia -que por el momento no ha fijado una cantidad de dinero- aludía así tanto a los familiares de las 270 víctimas mortales como al municipio y al medio ambiente.

La catástrofe ocurrió el pasado 25 de enero de en Brumadinho, una pequeña localidad del Estado de Minas Gerais, donde se encontraba situado el dique de residuos de la mina Córrego de Feijao, perteneciente a Vale, la mayor productora y exportadora de mineral de hierro del mundo. El terraplén cedió y se produjo una ola de lodo y residuos que arrasó con todo. Era la hora del almuerzo y todos los operarios estaban en algún lugar de la planta. Según testimonios de supervivientes, la alarma no sonó. Tras el desastre, los cuerpos de los desaparecidos iban siendo encontrados e identificados bajo el lodo y los restos de las oficinas y las viviendas cercanas al establecimiento. Hoy se contabilizan 247 muertos y 23 desaparecidos. Los últimos cuerpos fueron hallados hace una semana. La rotura del contenedor derramó 13 millones de metros cúbicos de barros que llegaron al río Paraopeba. Además de condenar a la firma a pagar todos los daños, el juez Elton Pupo Nogueira ordenó mantener en el equivalente a 3.000 millones de dólares (2.665 millones de euros) el bloqueo de bienes de la multinacional brasileña. No obstante permitió a la firma cambiar la mitad de los activos inmovilizados por otros bienes financieros como garantías bancarias. En cambio rechazó la petición de los fiscales para que se obligue a la firma a suspender todas sus operaciones en la región afectada por falta de garantías de que no violará normas ambientales. El magistrado aclaró que la indemnización, que no fue fijada a la espera de que se evalúen con precisión los daños, no sólo debe llegar a los familiares de las víctimas sino también a la reparación del daño ambiental y la afectación de la actividad económica en el municipio.