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CAROLINE CONEJERO
Sábado, 17 de febrero 2018, 00:15
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nueva york. Tras conocerse que el FBI sabía el peligro que suponía Nikolas Cruz y no hizo nada para detener al autor de la masacre en el instituto Marjory Stoneman Douglar de Parkland, la presión sobre la agencia federal aumenta con voces como la del gobernador de Florida, el republicano Rick Scott, que piden el cese de su director. El fiscal general, Jeff Sessions, conocido detractor del control de armas, intervino también ayer para criticar a la oficina federal, por la «flagrante negligencia en actuar para impedir la matanza», y declaró que hay que tomar medidas en los «casos de salud mental», como había insistido el día anterior, aunque no aportó detalles.
Con el paso de las horas se hace patente que tanto el FBI -que ayer lo admitió públicamente-, como la policía local, el instituto donde se cometió la matanza, y las autoridades de salud mental, conocían bien las tendencias violentas de Nikolas Cruz, un chico adoptado de 19 años medicado por depresión, sin familia y amante de las armas y las ideologías extremistas. Sin embargo, a pesar del perturbador historial del joven que el miércoles pasado asesinó a 14 alumnos y tres trabajadores del instituto del que había sido expulsado, Cruz no encontró ningún impedimento para comprar legalmente un rifle de asalto tipo AR-15 en el Estado de Florida.
Hace apenas un mes el FBI había sido alertado al menos dos veces sobre el comportamiento violento de Cruz y del hecho de que era propietario de un arma. El 5 de enero una persona cercana al tirador llamó al FBI para denunciar que Cruz no sólo poseía un arma sino que tenía deseos de matar, mostraba un comportamiento errático, alarmantes publicaciones en las redes sociales y la posible intención de realizar un tiroteo en una escuela. Un aviso desesperado que el FBI procesó como un caso corriente engullido en el papeleo protocolario. El otro llegó procedente del autor de un video en YouTube después de que Cruz le dejara un mensaje declarando que él sería «el tirador profesional de las escuelas».
Cruz compró el arma el 11 de febrero de 2017, tres días después de su expulsión definitiva del instituto, cuyo consejo escolar había recomendado que se le expedientara como amenaza. Y para recibir el AR-15 tuvo que pasar el control de historial delictivo que exige el Estado de Florida. Otro detalle que se investiga es cómo Cruz pudo entrar en el instituto con un estuche negro, en el que llevaba el arma, y no tuvo ningún problema en subir hasta el segundo piso, donde sembró el terror en varias aulas a las que incluso volvió para atacar de nuevo.
Los detalles duros en este tipo de masacres se suelen omitir para ahorrar mayor angustia a los afectados. Pero basta decir que un disparo de bala de un rifle de asalto tipo AR-15 es capaz de penetrar un casco de acero a una distancia de 460 metros. A corta distancia, las balas de un rifle de asalto de este tipo no sólo penetran el cuerpo humano, sino que lo destrozan.
Tras abandonar el arma y camuflarse entre los grupos de estudiantes que corrían para salvar la vida, el tirador fue capturado 40 minutos después de la masacre aun en las cercanías de zona y sin aparente urgencia por huir o esconderse, después de comprar un refresco en un conocido establecimiento de bocadillos y pasar un rato sentado en un McDonald's.
Cruz, que ha sido imputado con 17 cargos por homicidio con premeditación, declaró que «oía voces en su cabeza» instándole a realizar la matanza. En su confesión a la policía Cruz declaró que había escondido en el campus del instituto una mochila con cartuchos de munición adicional hasta el momento en que llevara a cabo el ataque.
Con el debate sobre la prohibición de la venta de armas candente, está previsto que el presidente Donald Trump tenga algún tipo de encuentro en las próximas horas con los familiares de las víctimas. Numerosos grupos civiles se han movilizado para exigir el control de armas «inmediato».
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