«Estamos en la antesala de una guerra civil»

«La crisis de violación de derechos humanos que hoy existe en Nicaragua no tiene precedentes en la historia del país» Álvaro Leiva Secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos

MERCEDES GALLEGO MANAGUA.

Contar muertos quita el sueño a cualquiera. Álvaro Leiva, secretario ejecutivo de la Asociación Nicaragüense de Derechos Humanos los cuenta minuciosamente, con rigurosa obsesión por los detalles. Desde el pasado 19 de abril lleva 351 y como resultado duerme cuatro horas diarias. Ayer recibía en la Embajada francesa el premio franco alemán de los derechos humanos

-¿Tiene usted alguna duda de que el Gobierno de Daniel Ortega esté detrás de los cuerpos paramilitares que están sembrando el terror?

-Ninguna. Los paramilitares no pueden operar si no es con la orientación del Gobierno de Nicaragua. Eso es evidente y se vio claro en la agresión de la que fuimos objeto el lunes en Diriamba. Cuando entró el comisionado los puso en su lugar y se restableció el orden. Eso indica que el Gobierno maneja a esos grupos que solo se han dedicado a sembrar el dolor y el luto en nuestro país.

-El Gobierno sostiene que la mayor parte de las víctimas son sandinistas.

-Eso es falso, hay de todo. El que diga eso sólo indica que este no es un Gobierno de los nicaragüenses, sino partidista. El presidente dice que es «el Gobierno sandinista», no el Gobierno de Nicaragua. Es esa confusión Estado/partido la que ha dañado la democracia y ha generado todas estas violaciones a los derechos humanos.

-Si Ortega no ha cedido ya ante las presiones populares, ¿qué puede pasar ahora para que se vaya?

-Estamos en la antesala de una guerra civil. Si no aprovecha la oportunidad de resolver sus problemas a través del diálogo definitivamente esto puede desembocar en una situación que luego tengamos que lamentar todos.

-Pero ya tuvo muchas oportunidades de aprovechar ese diálogo y no lo ha hecho.

-Nunca es tarde. Todos los nicaragüenses tenemos esperanza. Tenemos que agotar el diálogo y ver de qué forma se restituye la posibilidad de encontrar una solución a este conflicto social.

-¿Ha tenido alguna conversación con el Gobierno al respecto?

-Nunca, jamás. Ese ha sido uno de su peores errores, no escuchar a los que le señalamos constructivamente cuáles son sus desaciertos. A estas alturas si yo fuera presidente ya habría llamado a la organización de derechos humanos para entender sus inquietudes y dar una respuesta. El Gobierno ha sido ciego, sordo y mudo frente a las demandas de violaciones de derechos humanos que ha generado esta crisis, que es producto de la inconformidad de la sociedad.

-¿Quiénes son los enmascarados que integran estos cuerpos paramilitares?

-Son personas desconocidas totalmente. Podrían ser exmilitares, expolicías, miembros del Ejército. Podría ser cualquiera con una identidad oculta, pero por su forma de comportarse se observa que tienen formación militar o policial.

-¿De dónde han salido todas las armas que tienen?

- Eso habría que preguntarle al Ejército de Nicaragua, que dice que no está involucrado. Nosotros pedimos una auditoría. Todo ese arsenal de armas que ha salido a las calles y anda en poder de grupos ilegales paramilitares ya debería haber tenido una respuesta inmediata del Ejército en confiscarlas y limpiar la ciudad para garantizar la seguridad ciudadana en base a la actuación de la policía, que está promoviendo estos tipos de grupos que están violando la ley y sembrando el terror, matando y asesinando.

-¿Está usted pidiendo la intervención del ejército?

-No, estoy pidiendo que se ordene el país. Frente a una policía que está fuera del marco de la ley, lo que quedan en este momento son grupos de paramilitares que andan armados con el aval de la policía. ¿Cuál sería el rol del ejército? Quitarle las armas legalmente y constitucionalmente, porque no queda nadie más. Si hubiera otro órgano se lo estaríamos diciendo.

-¿Está implicado el ejército en estos escuadrones de la muerte?

-Hay dos formas de cometer delitos, por acción y por omisión. La función del ejército es garantizar la soberanía y el orden constitucional. Eso significa la seguridad nacional. ¿Es seguridad tener a grupos de civiles con armamentos de alto calibre matando y asesinando?

-No resultaría fácil confiscar todas las armas que andan sueltas.

-Para el ejército no es difícil. En una operación de medio día ya estaría desarmado, sin ningún problema. ¿No dicen que es un ejército profesional con capacidad para dar respuestas inmediatas?

-¿Y el narcotráfico, tiene algo que ver con lo que está pasando?

-No lo sé. Es un tema sobre el que yo me abstendría de hacer ningún comentario porque me estaría extralimitando. Mi competencia son los derechos humanos del ciudadano frente al Estado. El narcotráfico es competencia de la Policía.

-Si tuviera que comparar lo que está ocurriendo ahora con los coletazos finales de Somoza, ¿qué diría?

-La crisis de violación de derechos humanos que hoy existe en Nicaragua no tiene precedentes en la historia del país. No hay forma de compararlo. En este contexto es mucho más profunda.

- Pero se habla de que entonces hubo 50.000 muertos.

- Y aquí hablamos en 85 días de más de 350, a razón de cinco ciudadanos por día. A este paso vamos a llegar rapidito. Todavía es posible que al final Daniel tenga que tirar una bomba para exterminar ciudades enteras y nos mate a todos.

-Mañana planean reproducir la histórica marcha del Repliegue Táctico a Masaya que les dio la victoria durante la revolución hace 39 años. ¿Qué pasará si lo hacen?

-Habría un derramamiento de sangre. No te asustes si mueren 50.000 personas.

-¿Teme usted por su vida?

-Sí. He recibido muchas amenazas, verbales y físicas (abre la boca y muestra el derrame en el labio interno, fruto de los golpes que le propinaron el lunes las turbas de Ortega en Diriamba). Continuamente me mandan mensajes. A ningún Gobierno le gusta que le señales sus violaciones a los derechos humanos. La cuestión humanitaria irrita al Gobierno de Nicaragua.

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