La clase empresarial asume la victoria y garantiza su apoyo

El nuevo presidente electo ha puesto a su incondicional mecenas, el empresario Alfonso Romo, y al profesor de Economía del Tecnológico de Monterrey Carlos Urzúa a «atender la economía y las finanzas» durante la transición. En su mensaje de calma a los mercados se comprometió a respetar la autonomía del Banco de México, a mantener la disciplina fiscal y a reconocer todos los compromisos contraídos con empresas o bancos nacionales y extranjeros.

Hay una letra pequeña, que fue muy grande en su campaña: el orgullo nacional de Petróleos de México (Pemex), privatizado por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, que dio pie al llamado 'gasolinazo', y la lucha contra la corrupción. Eso se traducirá en la revisión de emblemáticos contratos públicos, como la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, pensado para ser el gran 'hub' (intercambiador) de Latinoamérica, y los del sector energético «suscritos con particulares».

En estos últimos, los que más nerviosos ponen a Estados Unidos, promete hacerlo con escrupuloso apego a la legalidad. «Si encontramos anomalías que afecten el interés nacional se acudirá al Congreso de la Unión (donde previsiblemente su coalición tendrá mayoría absoluta) y a tribunales nacionales e internacionales», anunció en su discurso del Zócalo. «Es decir, no actuaremos de manera arbitraria ni habrá confiscación o expropiación de bienes».