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En el último pleno del año pasado, el Ayuntamiento de Cártama aprobó la subida de la tasa de la basura para este 2025, que pasará ... de 120 a 144 euros anuales por vivienda. La medida, impulsada por el equipo de gobierno del PSOE, salió adelante gracias al voto de calidad del alcalde Jorge Gallardo tras un empate en la votación, en la que toda la oposición se posicionó en contra. Este incremento del 20% en la tarifa ha generado un intenso debate político y social en el municipio, con posturas claramente enfrentadas entre el gobierno local y los partidos de la oposición.
El Partido Popular ha expresado su rechazo de forma contundente, calificando la decisión de «imposición unilateral» y criticando que no se hayan atendido las alegaciones ni el recurso de reposición presentado por su grupo. Según el portavoz del PP en Cártama, Pedro Pardo, esta subida supone un «nuevo golpe al bolsillo de los vecinos» en un momento económico complicado para muchas familias. Pardo subrayó que la medida se adoptó sin consenso y cuestionó la urgencia de convocar un pleno exclusivamente para aprobar la subida. «Estamos en una situación en la que muchas familias apenas llegan a fin de mes, y esta subida añade una presión adicional que podía haberse evitado con una gestión más eficiente», señaló.
Desde el equipo de gobierno del PSOE, el primer teniente de alcalde, Miguel Espinosa, ha explicado a SUR que la subida es una consecuencia directa del aumento en los costes del servicio de recogida y tratamiento de residuos, gestionado por la Diputación Provincial a través del Consorcio Provincial de Residuos. Espinosa detalló que, el pasado 29 de octubre, el consorcio aprobó una subida de tarifas para 2025 que implica un incremento de más de 300.000 euros en los costes que debe asumir el Ayuntamiento de Cártama. Este aumento, señaló, responde a las exigencias de la Ley 7/2022 de Residuos, que obliga a los municipios a trasladar el coste real del servicio a las tasas cobradas a los ciudadanos.
«Nos encontramos ante una obligación legal que no podemos ignorar. La Diputación, controlada por el Partido Popular, aprobó este aumento de tarifas, y nosotros no tenemos otra opción que ajustarnos a lo que marca la ley para garantizar la sostenibilidad del servicio», afirmó Espinosa. También subrayó que el Ayuntamiento seguirá manteniendo las bonificaciones existentes para colectivos vulnerables, como mayores de 65 años y familias numerosas, con el objetivo de minimizar el impacto económico en los grupos más afectados.
El debate político se intensificó cuando Espinosa cuestionó la postura del Partido Popular en este asunto, calificándola de contradictoria. «El Consorcio Provincial de Residuos, que aprobó esta subida de tarifas, está gestionado por la Diputación, donde el PP tiene mayoría absoluta. Nosotros, como representantes del PSOE en la Diputación, votamos en contra de este aumento y pedimos que se incrementara la financiación del Consorcio para evitar repercutir estos costes a los ayuntamientos. Sin embargo, el PP decidió aprobar esta subida, y ahora critican aquí lo que ellos mismos impusieron desde la Diputación», denunció.
Además, Espinosa explicó que esta problemática no es exclusiva de Cártama. «Otros municipios que dependen del Consorcio Provincial de Residuos están en situaciones similares. El aumento de tarifas no afecta solo a Cártama, sino a numerosos ayuntamientos de la provincia. Esto demuestra que el problema es estructural y que la solución pasa por que la Diputación incremente su aportación al Consorcio para aliviar la carga financiera de los municipios y sus vecinos», añadió.
En cuanto a las previsiones para los próximos años, Espinosa aseguró que no se esperan nuevas subidas de la tasa de basura, siempre y cuando la Diputación no incremente nuevamente los costes del servicio. Sin embargo, advirtió que, si esto ocurriera, los ayuntamientos estarían obligados a ajustar sus tasas para cumplir con la ley y evitar déficits en sus presupuestos. «Lo que no podemos hacer es asumir un déficit estructural que afecte al funcionamiento del Ayuntamiento y ponga en riesgo otros servicios esenciales», concluyó.
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