Los vecinos sin agua de Alhaurín de la Torre piden ayuda al Defensor del Pueblo

Vecinos de la calle Tamarillo, donde no tienen agua potable. /
Vecinos de la calle Tamarillo, donde no tienen agua potable.

Aseguran que no pueden seguir viviendo con los grifos cerrados después de dos años y anuncian movilizaciones si su situación no se resuelve

Fernando Torres
FERNANDO TORRES

En una de las muchas zonas rurales diseminadas de Alhaurín de la Torre conviven una decena de familias, muy cerca del límite del municipio con el vecino Cártama. Se trata de una zona no urbanizable, aunque los propietarios compraron sus casas confiando en que se pudieran legalizar con el paso del tiempo. Lejos de ello, las viviendas siguen siendo irregulares, aunque el verdadero problema está en algo mucho más elemental: llevan dos años sin agua potable, periodo de tiempo en el que han luchado por todas las vías legales posibles para que sus grifos se conecten a la red municipal, sin éxito. El último episodio relativo a este caso se produjo en el pleno municipal, donde el Equipo de Gobierno con mayoría absoluta rechazó una moción que pedía soluciones para estos vecinos, argumentando que de momento no es «técnica ni jurídicamente posible». Este rechazo ha sido la gota que ha colmado el vaso para los vecinos, que están en contacto con el Defensor del Pueblo y anuncian que convocarán manifestaciones y otras acciones si no consiguen agua corriente.

«Lo que están haciendo con nosotros no tiene nombre, pero llegaremos hasta el final», comenta el portavoz de la comunidad, que reside en la calle Tamarillo de la localidad. En el plano humano, el caso parece sencillo, pero en el legal, se trata de una situación extremadamente compleja que requiere de un estudio profundo.

Cuando los vecinos pidieron al Ayuntamiento adherirse a la red pública del agua (gestionada por Aqualauro). El primer requisito que se les pidió fue que se constituyeran como comunidad de vecinos, trámite que llevaron a cabo de forma inmediata. «Ellos nos pondrían un totalizador para la comunidad y nosotros nos haríamos cargo de pagarle el agua al Ayuntamiento, lo mismo que un bloque de vecinos», destaca el portavoz.

Esta gestión permitió que el Ayuntamiento, que en todo momento asegura tener voluntad de solucionar la situación, iniciara parte de las obras, hasta que surgió el segundo escollo y que es el que actualmente motiva que los vecinos sigan sin agua. Para enganchar las viviendas a la red municipal hay que cavar una zanja en una calle concreta. La titularidad de esta calle no está clara, ya que el propietario de los terrenos asegura que forma parte de sus tierras, y se niega a que se efectúe ningún tipo de obra. El Consistorio respalda esta versión y ha intentado mediar en numerosas ocasiones para llegar a un acuerdo, hasta la fecha sin éxito. La negativa del propietario ya obligó a las familias a que la canalización pasase por debajo de los inmuebles en vez de por la vía para evitar el grueso de los trabajos, pero hay una parte que debe atravesar sin remedio la avenida.

No obstante, los vecinos sostienen que la calle en cuestión es de titularidad municipal, y esgrimen como prueba la presencia de calle Tamarillo en el inventario del Ayuntamiento, algo a lo que el Consistorio responde con que el vecino que asegura ser propietario del camino ha presentado una reclamación a la inscripción en de la vía el inventario municipal y se está tramitando.

El alcalde se ha reunido varias veces con los vecinos y ha buscado mediar «siempre», según destacan fuentes municipales preguntadas por este periódico una vez los vecinos han contactado con el Defensor del Pueblo. «Primero tienen que solucionar su problema particular y después se estudiaran las soluciones técnicas para llevar el agua a la zona, ya que ahora mismo está fuera de la cobertura de la red municipal», añaden las mismas fuentes.

«El Ayuntamiento podrá actuar cuando tenga seguridad jurídica y técnica, ahora mismo no la hay porque está en entredicho la propiedad del camino y porque la zona está fuera de cobertura de la red, todo ello porque son casas que se construyeron irregularmente en suelo no urbanizable», concluyen.

En cuanto a la regularización de las viviendas (que no es un trámite obligatorio ya que la ley andaluza permite dar cobertura con un informe municipal que garantice que el suministro va a buen puerto), los vecinos de calle Tamarillo aseguran que están dispuestos a llevarla a cabo. Eso sí, «si se hace en todas las casas», ya que, aseguran, conocen «decenas» de casos similares en los que «nadie tiene problemas» con el agua potable.

La legalización de los inmuebles pasa por redactar y sufragar una Declaración de Asimilado Fuera de Ordenación (DAFO), una forma simplificada de la situación urbanística de las viviendas, para lo que cada vecino debería invertir en un arquitecto que les haga los planos, además de pagar las tasas correspondientes.

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