Teba y Campillos aparcan las protestas pero piden agilidad en las ayudas estatales

Imagen de archivo de una marcha en Teba por las ayudas./F. T.
Imagen de archivo de una marcha en Teba por las ayudas. / F. T.

Fernando Torres
FERNANDO TORRES

Los alcaldes de Teba (Cristóbal Corral, IU) y Campillos (Francisco Guerrero, IU) mantuvieron ayer una reunión con la subdelegada del Gobierno, María Gámez, para abordar la situación de las ayudas estatales destinadas a paliar los daños causados por las inundaciones de octubre. La conclusión del encuentro, que se estableció cómo último paso político antes de retomar las movilizaciones que ambas localidades protagonizaron para pedir el apoyo del Gobierno, es una ampliación del periodo de espera, ya que tras estudiar el decreto ley publicado el 26 de enero en el que se recogen las ayudas, los regidores han comprobado que ciertas de sus reivindicaciones están parcialmente cubiertas, como la creación de una línea para ganaderos y agricultores. No obstante, piden mayor agilidad en la tramitación de las ayudas del Estado.

Por parte de Teba, Corral ha valorado de forma muy positiva dos puntos del decreto. Por un lado, el hecho de que el gasto de emergencia de los ayuntamientos para hacer frente a la situación los primeros días no vaya a contabilizar para la regla de gasto y, por otro, la creación de mecanismos de cooperación entre el Ejecutivo y las administraciones locales y la ampliación del plazo para entregar documentación y anexos solicitados por dichas instancias. Por todo ello, el alcalde tebeño ha abogado por «hacer el balance en su tiempo», adoptando un margen para contabilizar infraestructuras perdidas y el número de personas sin cobertura.

Sin embargo, el regidor de Campillos ha sacado una conclusión ligeramente más negativa, aunque de momento mantiene al margen de su estrategia las acciones sociales y las movilizaciones. En su opinión, «la Subdelegación no está preparada para asumir este tipo de situaciones porque los equipos técnicos están desbordados». Esta realidad hace que, a su parecer, sea imposible que se tramite con la urgencia que requiere las solicitudes que se presentaron en base al decreto de 2005 y al de 2019 que amplia la cobertura.

Guerrero recuerda que hay 398 solicitudes, 5 comunidades de vecinos y 35 empresas que necesitan ayuda del Gobierno. «Mucha gente se quedó fuera, primero porque no se enteró o porque se pensaban que estaban fuera». Por todo ello, el Ayuntamiento se va a centrar en los próximos meses en ampliar la asistencia a los ciudadanos en la presentación de solicitudes bajo el nuevo decreto, «por responsabilidad», aunque cree que habría que llevar al Congreso de los Diputados una solicitud para agilizar estos trámites. «No podemos esperar dos o tres años como pasó con las inundaciones de 2016», ha afirmado.