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Los encargados de hacer frente a gastos como el mantenimiento de calles, iluminación pública o cuidado de zonas verdes en la Urbanización Los Manantiales, en ... Alhaurín de la Torre, son los vecinos. Ocurre desde 1975, tal y como recuerda el abogado Francisco Javier Galán Palmero, cuyo despacho ha representado a estos propietarios en un pleito interpuesto contra la Administración local. Esta comunidad, con unas doscientas parcelas, había recurrido a los juzgados al entender que tenían que pagar el doble que otros vecinos por los mismos servicios, puesto que, como otros alhaurinos y alhaurinas, también hacen frente a las tasas e impuestos. El Tribunal Supremo (TS) como ya hizo el Superior de Justicia de Andalucía, les ha dado la razón.
Para entenderlo hay que remontarse a mitad del siglo pasado, en concreto, a 1956, cuando entra en vigor la ley estatal sobre régimen del suelo y ordenación urbana. Con esta norma en activo, ya en 1974, es aprobado el Plan Parcial de Ordenación y del Proyecto de Urbanización de esta parte del casco urbano. Una vez terminada la obra, conforme a la legislación, debió de haberse dado la recepción tácita por el Ayuntamiento. A partir de ahí, aclara el abogado, no cabe exigir, a los residentes sufragar el arreglo de equipamientos públicos. Esta tarea, por lo general, corresponde a los ayuntamientos.
Así lo dictaminó ya, en febrero de 2024, el TSJA, que recurre a jurisprudencia derivada del propio Supremo, que establece que, incluso en los supuestos extraordinarios en los que se atribuye el deber del cuidado de espacios públicos a los propietarios de los solares que integran una urbanización, esta obligación no puede ser 'sine die', por la carga que implicaría.
Ante esta resolución, el Gobierno local alhaurino, recurrió en casación ante el TS. Este, a través de la Sala de lo Contencioso Administrativo, lo inadmite, con el siguiente apunte: «La sentencia recurrida reitera que las conclusiones a las que llega provienen de la aplicación de la ley del suelo de 1956 y de la jurisprudencia de esta Sala en relación a la recepción tacita de las obras de urbanización».
Lo ocurrido con Los Manantiales, según su abogado, puede tener consecuencias en otras urbanizaciones en la misma situación, como son Cortijo del Sol y Fuensanguínea, en Alhaurín de la Torre. El presidente de la comunidad de propietarios de la primera, Federico Sánchez, aclara que, antes de conocerse este fallo judicial, había conversaciones con el equipo de Gobierno para la recepción de la urbanización. Con la decisión del TS encima de la mesa, Sánchez apuesta por conocer el profundidad las consecuencias de la resolución, antes de dar cualquier nuevo paso.
Algunos vecinos de Fuensanguínea, consideran, por su parte, que sería preciso seguir la estela de Los Manantiales y lograr que, sin contraprestación alguna, la Administración local asuma el mantenimiento de la urbanización. En Galán Palmero Abogados, creen que la postura del Supremo es clara y guía a urbanizaciones, en Benalmádena, Coín o Marbella, con una casuística similar.
Tras la decisión del Supremo, fuentes del Gobierno municipal indican que el Ayuntamiento acata la sentencia del TSJA de 2024, que respalda el TS, a pesar de no compartir su fondo. En cuanto al proceso judicial, apuntan que, el Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga, en 2022, dio la razón al Ayuntamiento frente a la solicitud de recepción de la urbanización. ¿La razón? No encontrarse sus instalaciones e infraestructuras en un correcto estado de conservación, «fruto de una evidente dejación de funciones y falta de mantenimiento».
Igualmente, sostienen, no fue hasta hace apenas cinco años, cuando se solicitó oficialmente la recepción y que, tanto en los propios estatutos de la comunidad, como en diversos convenios y otra serie de documentación, queda patente el rechazo a ceder sus instalaciones, bienes, pozo y zonas comunitarias. Es más, aseguran: «Siempre ha sido palpable la animadversión de algunos de sus dirigentes y representantes hacia este alcalde (Joaquín Villanova ) por motivos políticos y personales, para perjuicio de los demás vecinos».
Además, consideran desde Alcaldía que lo ocurrido no es extrapolable y advierten de la necesidad de fiscalizar cualquier gasto público, en aras del interés general. En todo caso, desde el Gobierno local, «se han dado ya las instrucciones para formalizar, mediante escritura pública ante notario, las correspondientes cesiones conforme a ley».
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