Vuelven a pedir el reinicio de las obras de remodelación de la comisaría de Policía Nacional en Ronda

Desde el Gobierno han venido argumentando que se trabaja en adaptar el proyecto por problemas con la estructura del edificio y en vover a licitar la intervención.

Hasta el exterior del comisaría que se prevé remodelar, se trasladaron este lunes el parlamentario andaluza del PP, Daniel Castilla; el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Ronda, Ángel Martínez; el diputado nacional del PP, Mario Cortés; y los representantes de CEP, Miguel Millán y Eliud Vega.

Castilla habló de «dejadez total y absoluta falta de respeto» por parte del Ministerio del Interior, tanto para los vecinos de la ciudad del Tajo, como para los agentes en cuestión. Insistió en que la ubicación provisional de la comisaría «no cumple con la normativa» y el hecho de que el espacio no cuente con calabozos, merma la presencia de la Policía Nacional en la calle, ya que tienen que estar custodiando a los detenidos. «Hay noches que no hay ninguno en la calle porque están en los calabozos», aseguró.

Cortés anunció que preguntará sobre el estado del proyecto al ministro del Interior en su próxima comparecencia en el Congreso. Señaló «incompetencia» y también de «una dotación de policías claramente insuficiente para una ciudad como Ronda».

Desde CEP, Millán insistió en la falta de personal y dijo que han pedido el cese del actual responsable de la comisaría «por no gestionar bien la situación» y también la dimisión del ministro del Interior. «Hay algunos mandos que pretenden que el policía se convierta en tres. Es una de las ciudades de la provincia donde más bajas psicológicas existen. La falta de personal está llevando a un caos a la ciudad», mantuvo.

Vega, por su parte, afirmó que «el Gobierno no ha hecho sus deberes», en relación al cumplimiento del plan de infraestructuras que aprobó. «El proyecto está abandonado», subrayó y llamó la atención también sobre que las instalaciones provisionales no cumple con criterios de seguridad y climatización, ente otros.

A su juicio, Vega explicó que la dotación inicial con la que contaba el proyecto era de alrededor de 600.000 euros y que ésta ascendió a 1,5 millones. «Creemos que el problema es que la estructura, como es muy antigua, no da la capacidad para soportar una tercera planta, que va destinada a una vivienda para el mando. Estos son hechos franquistas, no hay nada regulado en la actualidad, nada que dé derecho a tener una vivienda en un edificio público», terminó.

Desde el Gobierno, de nuevo, insistieron en que se trabaja licitar de nuevo las obras.