Una jueza decreta la apertura de juicio oral por el 'caso Acinipo' en Ronda

Antonio Marín. /V. M.
Antonio Marín. / V. M.

Investigan una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento, por la que fue detenido el exalcalde Antonio Marín

Vanessa Melgar
VANESSA MELGAR

La jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda ha decretado la apertura de juicio oral ante la Audiencia Provincial de Málaga por el bautizado como 'caso Acinipo', en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Ronda, una causa que se abrió en abril de 2010 y por la que en septiembre de 2011 fueron detenidas siete personas: el exalcalde Antonio Marín y los exediles Francisco Cañestro, también entonces secretario general del PSOErondeño, María José Martín de Haro y Rafael Lara, además de dos empresarios y un abogado.

La jueza, en su decreto, ordena dirigir el citado procedimiento contra: Marín, «por su presunta participación en dos delitos de prevaricación, dos delitos de falsedad en documento oficial, un delito de fraude, un delito continuado de tráfico de influencias,y un delito de cohecho pasivo»; Jesús Díaz de Lope Díaz Sánchez (exsecretario municipal), «por su participación en un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento oficial»; Cañestro, «por su participación en un delito de tráfico de influencias»; Lara, «por su participación en un delito de cohecho pasivo»; Josefa Valle, exedil entonces, «por su participación en un delito de cohecho pasivo»; Sebastián Naranjo, arquitecto municipal, «por su participación en un delito de falsedad en documento oficial»; y contra el empresario Francisco Vera, «por participar en un delito de falsedad en documento oficial». La jueza, igualmente, deniega la apertura de juicio oral contra los empresarios Alfonso Javier Fernández y José Miguel Yubero y el letrado Miguel Ángel Borrego, que fueron detenidos en 2011. Contra Martín de Haro se decreto el sobreseimiento de la causa.

Por otro lado, la jueza desestima la petición presentada por IU como acusación popular y dicta que «no puede ejercitar la acción de forma autónoma o independiente, pues si bien prestó fianza, no interpuso querella, la cual no es necesaria para personarse iniciado ya el procedimiento por otra acusación, en este caso por el Ministerio Fiscal, solo si su postura es adhesiva, pero sí en el caso contrario», esgrime el documento con fecha 18 de enero.

Así las cosas, la instrucción del caso Acinipo llegaría a su recta final. Para Marín, no obstante, los plazos se podrían ralentizar, ya que dijo que «esta apertura de juicio oral no es firme, está recurrida la conversión en procedimiento abreviado ante la Audiencia Provincial de Málaga, lo que podría retrotraernos a l inicio de las diligencias previas».

Sobre IU, Marín aseguró que va a «pedir responsabilidades a IU, tanto patrimonial como económicamente, por haber solicitado, sin poder hacerlo, responsabilidad civil de un millón de euros, en concepto de devolución al Ayuntamiento».

Petición de la Fiscalía

La Fiscalía Anticorrupción solicita, entre sus peticiones para los acusados, diez años de prisión para el exalcalde y 35 de inhabilitación para empleo y cargo público.

Por último, en el caso Acinipo se investiga la implantación de un centro comercial de la firma vasca Eroski en la ciudad del Tajo, con la intermediación de la empresa rondeña Grupo Ruiz Jurado, una permuta y adjudicaciones de obra a este grupo para construir un recinto ferial, entre otros expedientes como asfaltados de calles.