Citan a declarar a la alcaldesa de Ronda y a dos ediles por presunta prevaricación

Teresa Valdenebro, Isabel Barriga y Francisco Márquez. /V. M.
Teresa Valdenebro, Isabel Barriga y Francisco Márquez. / V. M.

El dueño de la Casa del Rey Moro denunció el cierre de la Mina por parte del Ayuntamiento, que reclama la rehabilitación del inmueble

Vanessa Melgar
VANESSA MELGAR

La alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro (PSOE), y los ediles de Turismo y Obras y Urbanismo, la andalucista Isabel Barriga y el socialista Francisco Márquez, respectivamente, además del arquitecto municipal Sebastián Naranjo, tendrán que acudir a los juzgados rondeños el próximo 12 de marzo, entre las 10.30 y las 11.00 horas, en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación, después de que la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda los haya citado al admitir una denuncia presentada por el propietario de la Casa del Rey Moro, Jochen Knie, un empresario alemán que adquirió el antiguo palacete del siglo XVIII que se asienta sobre las Cornisas del Tajo.

El inmueble, en sus jardines, diseñados por Forestier, incluye la Mina, una construcción sobre la piedra del Tajo que data de la época árabe y que baja a la garganta para captar agua. Ésta está declaraba Bien de Interés Cultural (BIC), desde 1943, y es uno de los atractivos más visitados de la ciudad del Tajo.

El inmueble, la Casa, se encuentra en estado ruinoso y precisa de labores de rehabilitación. En ello, en la falta de conservación, se apoyó el Ayuntamiento en marzo, tras, afirmó, la visita de personal municipal que constató el deterioro, para anunciar el cierre de la actividad, de las visitas a la Mina, y una sanción económica, lo que el propietario del complejo, que inicialmente lo adquirió para crear un hotel, rechazó, al insistir en que el Consistorio tiene en su poder un informe del Colegio de Aparejadores de Málaga que garantiza la seguridad en el recinto, «que el sitio es seguro», por lo que la propiedad decidió presentar una denuncia contra los responsables municipales anteriormente citados por dictar «resoluciones injustas».

El Ayuntamiento, que habló de «daños graves» y que señaló que solo se había cubierto un 3% de los trabajos que se iban a realizar conforme a la última licencia; y la propiedad firmaron un convenio en 1997 por el que el primero se comprometía a impulsar la creación del hotel y el segundo, a la rehabilitación de la Casa. Este acuerdo finalmente no prosperó y una sentencia del TSJA condenó al Ayuntamiento a pagar a la propiedad 94.000 euros por incumplimiento del citado acuerdo.

Desde el Ayuntamiento, la edil de Turismo se limitó a decir que la denuncia «no tiene razón de ser».

 

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