Quejas vecinales por la posibilidad de que se expropien terrenos para proyectos fotovoltaicos en el Valle del Guadalhorce

Algo en lo que no coinciden centenares de vecinos del Guadalhorce, que ya desde el pasado mes de septiembre de 2024, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó los nombres de numerosos propietarios de las zonas de Álora, Coín, Alozaina, Cártama, Casarabonela y Pizarra afectados potencialmente por los planes de construcción. Desde aquel momento comenzaron las movilizaciones intentando entender y razonar los posibles efectos de estos proyectos en su vida diarios y en el entorno que los rodea.

Aunque los primeros contactos con los propietarios datan de 2018, algunos vecinos aseguran que durante la pandemia, en 2020, se intensificaron las reuniones para negociar el uso de sus tierras. Este contexto, unido a las restricciones de aquel momento, hizo que muchas personas se sintieran en desventaja para evaluar adecuadamente las propuestas que les presentaban. Ahora, el debate se centra en las implicaciones que podrían tener estos desarrollos en el paisaje, la biodiversidad y las actividades agrícolas que son parte fundamental de la economía local.

Desde hace algunos años, asociaciones como Valle Natural Río Grande y AloraSol han trabajado para informar a los vecinos y ayudarlos a defender sus derechos. Estas organizaciones han organizado encuentros, ofrecido asesoramiento legal y elaborado modelos de alegaciones que pueden ser presentados por cualquier persona interesada. Además, han puesto a disposición de los vecinos documentos y guías prácticas para aquellos que quieran expresar sus dudas o desacuerdos con los proyectos.

El tiempo apremia, ya que el plazo para presentar alegaciones finaliza el próximo 29 de noviembre. Las personas que deseen hacerlo pueden entregar sus documentos en los registros oficiales de los ayuntamientos o, si lo prefieren, enviarlos de manera telemática a través de plataformas como Redsara o la Junta de Andalucía. Estas alegaciones son vistas como una herramienta clave para que los vecinos puedan hacer valer su opinión en este proceso.

El concepto de «utilidad pública» plantea un debate complejo. Por un lado, están quienes ven estos proyectos como una pieza importante para avanzar hacia un modelo energético más sostenible. Por otro, hay quienes temen que las consecuencias negativas, como el impacto en el paisaje o la pérdida de tierras productivas, no hayan sido completamente analizadas. Los vecinos de la comarca, muchos de los cuales tienen una conexión profunda con sus tierras, se preguntan cómo estas decisiones podrían afectar su forma de vida y la identidad del Valle del Guadalhorce.

Lo que está claro es que este momento representa un punto de inflexión para la región. El resultado de estas deliberaciones podría definir el rumbo del Valle en los próximos años, marcando un antes y un después en su historia. Mientras tanto, los habitantes continúan buscando respuestas y apoyo, con la esperanza de que las decisiones que se tomen reflejen un equilibrio justo entre las necesidades del desarrollo energético y la protección de las comunidades locales.