La prisión de Archidona, al límite por la «ausencia masiva» de trabajadores

Exterior de la cárcel de Archidona./Ñito Salas
Exterior de la cárcel de Archidona. / Ñito Salas

Diecisiete de los treinta y dos funcionarios de vigilancia no han acudido al centro alegando enfermedad, por lo que Instituciones Penitenciarias investiga si se trata de una huelga encubierta

FERNANDO TORRES

El Centro Penitenciario Málaga II, ubicado en Archidona, se encuentra actualmente en una compleja situación en términos laborales por la «ausencia masiva» de trabajadores. Así lo han explicado a SUR fuentes de Instituciones Penitenciarias (IP): de los 32 funcionarios de vigilancia que deberían haber entrado esta mañana a las instalaciones, 17 no se han presentado argumentando enfermedad. Por ello, y para garantizar la seguridad y los servicios, la dirección se ha visto obligada a suspender permisos y vacaciones, además de pedir a algunos trabajadores que doblen turnos –según IP, la ley les permite tomar este tipo de medidas en situaciones que lo requieran–.

La prisión de Alhaurín de la Torre experimentó problemas similares a principios de la semana, aunque actualmente se han subsanado y ha vuelto a la normalidad, al igual que el CIS.

La situación que se vive en la prisión de Archidona empezó este domingo. No obstante, la ausencia de trabajadores se está produciendo a nivel nacional según señalan desde la dirección central en Madrid. Más de diez presidios están sufriendo los mismos problemas que Málaga II, aunque desde IP rehúsan a emplear el término 'huelga encubierta'. Pese a ello, aseguran estar «monitorizando» la situación por si estas ausencias (que no bajas, ya que ninguna supera los tres días consecutivos) pudieran ser constitutivas de delito al ser una forma de protesta organizada.

El secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, ha confirmado que están «investigando» si los hechos pudiesen ser una huelga encubierta, aunque no se ha pronunciado de forma afirmativa al respecto al igual que los portavoces de la institución, dejando dicha determinación a la espera de que concluya el expediente abierto. «Estamos comprobando si las enfermedades son reales y en su caso tendremos que depurar las responsabilidades pertinentes, si se trata de una actitud organizada y premeditada podría incluso haber responsabilidades penales». Según Ruiz, el porcentaje de ausencias es dispar, aunque en los casos más extremos como en el de Málaga II, supera el 40%. En otros el número de ausencias es el habitual de un día cualquiera.

Estas faltas a los puestos de trabajo se están produciendo más de un año después de que los sindicatos del sector penitenciario comenzaran una lucha que aún sigue, en la que exigen una serie de mejoras en sus condiciones y salariales. En el marco de estas reivindicaciones se han cortado accesos a presidios, se han celebrado manifestaciones con algunos heridos en distintos puntos del país y los trabajadores consiguieron una promesa de aumento en sus retribuciones que se retiró de la mesa de negociación a los pocos días.

Según explica a SUR el responsable federal de UGT-Prisiones, en ningún momento se podría hablar de huelga encubierta, descartando que se trate de una acción coordinada. Las diferentes fuerzas sindicales han promovido una «semana de la salud», en la que han instado a los compañeros a revisar su situación y a comprobar si sus condiciones laborales les producen problemas de estrés, ansiedad o similares. González denuncia que las soluciones que está aportando IP para cubrir las ausencias están obligando a cumplir a algunos funcionarios jornadas maratonianas, además de que se está recurriendo a personal no especializados para cubrir funciones de seguridad (algo que Ruiz afirma estar dentro de los protocolos habituales).

González asegura que las reivindicaciones de los trabajadores penitenciarios son «lícitas», ya que la subida salarial que han conseguido los policías nacionales y la Guardia Civil no se ha hecho efectiva a IP, pese a depender al mismo ministerio (Interior). «Somos invisibles, la sociedad se olvida de que estamos ahí cumpliendo un mandato constitucional básico para garantizar la reinserción de personas en privación de libertad».

 

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