La letrada pide al secretario que se pronuncie sobre el pleno de la moción de censura en Alhaurín el Grande

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. /SUR
Imagen de archivo del Ayuntamiento de Alhaurín el Grande. / SUR

El Ayuntamiento respondió ayer mismo al ultimátum, pero aún no se ha fijado la fecha para que se celebre la votación

Fernando Torres
FERNANDO TORRES

En enero del año 2017 comenzó un proceso político en Alhaurín el Grande que debió terminar aquel mismo mes, pero que se ha prolongado hasta la actualidad a través de un complejo procedimiento legal que sigue marcando la actualidad del Ayuntamiento. La moción de censura contra la alcaldesa Antonia Ledesma no llegó a efectuarse tras un informe que suspendió el pleno municipal en el que se estaba celebrando la votación, decisión que se llevó a los tribunales. El pasado mes de noviembre el juez de la sala número 6 de lo contencioso administrativo falló a favor de la oposición, dictando que la moción de censura debería votarse de nuevo.

Ayer, tras la falta de respuesta a la sentencia, la letrada de la Administración de Justicia envió un requerimiento expreso al secretario judicial para que este aclare si se ha dado «cumplimiento expreso» de lo ordenado por el titular de la sala.

Los pasos que se han dado para llegar a este ultimátum judicial son tan complejos como el caso en sí. Cuando se dictó la sentencia, tanto el Partido Popular como el propio Ayuntamiento comenzaron a pedir aclaraciones al escrito, solicitudes que fueron respondidas (una de ellas acompañada de un tirón de orejas por parte del juez, que recriminaba a las partes estar teniendo «mala fe procesal» para alargar los tiempos). Además, apelaron la sentencia al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Este recurso se admitió en un solo efecto al tratarse de un caso de vulneración de derechos fundamentales, por lo que no importa cómo se pronuncie el TSJA:la sentencia debe aplicarse de forma provisional (extremo en el que la propia Fiscalía coincide).

En ese contexto, el Juzgado emitió un auto de ejecución provisional el pasado ocho de marzo, desde el cual la sala no ha tenido noticias por parte del Ayuntamiento. De ahí radica el escrito que la letrada de la Administración de Justicia remitió ayer al Consistorio, en el que se otorgaba un plazo máximo de un día hábil para pronunciarse al respecto. La alcaldesa dijo a SUR que el secretario respondió ayer mismo a la letrada y que hoy se notificará a las partes. En ocasiones anteriores, Ledesma aseguró en declaraciones a este periódico que el Consistorio cumplirá la legalidad «escrupulosamente», al igual que apelarán la sentencia y se defenderán «con todas las herramientas» que se contemplan en el proceso.

Ayer se celebró un pleno ordinario en el que el secretario municipal no convocó el de la moción de censura. De hecho todos los grupos políticos de la oposición se negaron a debatir los puntos del día. La eventual fecha de esta sesión sigue sin estar clara, aunque todo apunta a que se celebrará antes de las próximas elecciones municipales.

El argumento del PP y del propio Ayuntamiento para apelar la sentencia radica en el uso de la ley antitransfuguismo que se aplicó para la suspensión del pleno y la que el juez establece en su sentencia. Según el magistrado, no hubo transfuguismo (pasar de un grupo político a otro con fines concretos), ya que la concejala del PP aún no había sido expulsada del partido, además de que no formaba parte del gobierno (había facilitado la investidura pero sin pactos). El equipo de Gobierno considera en sus apelaciones que sí hubo transfuguismo acogiéndose a un segundo precepto más amplio.