La Junta abre expediente sancionador a una cantera denunciada por los ecologistas

Captura del vídeo con el que la plataforma denuncia la actividad presuntamente ilícita. /
Captura del vídeo con el que la plataforma denuncia la actividad presuntamente ilícita.

El proceso se suma al que mantiene en fase de investigación el Ayuntamiento, que pide la máxima sanción por operar sin licencia

Fernando Torres
FERNANDO TORRES

La Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador en contra de una de las empresas vinculadas a las canteras de Alhaurín de la Torre, acusada de actuar ilegalmente en el municipio. La investigación llega tras un largo proceso plagado de denuncias, informes del Seprona (que confirmaron la presencia de actividad ilegal) y movilizaciones de los ecologistas de la Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra, desencadenantes del proceso. La decisión de la Administración andaluza se ha conocido esta semana a través de una respuesta parlamentaria del consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, a la parlamentaria Carmen Molina, del grupo de Podemos, en contacto con la PDSS.

El proceso

Los hechos
La Guardia Civil confirma la actividad ilegal denunciada por la PDSS e informa a Junta y Ayuntamiento en febrero.
El expediente
Meses después, la Junta afirma haber abierto un expediente sancionador tras haber recibido la notificación.
La crítica
Los ecologistas aseguran que la medida llega tarde, pues dieron la voz de alarma en 2014.

En el documento, Carnero asegura que desde que se recibió la denuncia (de la Guardia Civil) «se ha iniciado un expediente sancionador por incumplimiento del artículo 31.2 del Reglamento General para el Régimen de la Minería». Esta afirmación, aunque positiva porque denota finalmente un compromiso firme desde la Junta en favor de la sierra alhaurina, choca con las declaraciones emitidas por la propia Administración a lo largo de cada uno de los pasos del proceso, ya que en ningún momento se hizo mención a dicha investigación.

Según Carnero, desde entonces se ha solicitado a la Unidad de Policía de Málaga una serie de inspecciones con las que comprobar si la empresa en cuestión seguía ejerciendo de forma ilegal. Tras catorce visitas de los agentes «en diferentes franjas horarias», la Junta ha podido constatar que tras la intervención del Seprona «no ha vuelto a haber movimientos sospechosos».

En opinión de los miembros de la plataforma ecologista, explica un portavoz, la acción de la Junta es «positiva», aunque creen que llega tarde ya que llevan «desde 2014» (año en el que finalizó la licencia provisional del plan de regeneración) denunciando hechos similares.

En la pregunta parlamentaria que efectuó Molina, también se hacía referencia a la cantera de Aripisa y a la de Sierra Llana. En el primer caso, desde la PDSS querían saber qué planes tiene la Junta para clausurar el yacimiento, ya que lleva varios años al 99% de su explotación. Carnero sólo ha aclarado al respecto que esa situación «no es causa de caducidad» y deja la puerta abierta al plan de regeneración para finalizar el proceso. En cuanto a Sierra Llana, los ecologistas señalaban un aumento llamativo de la actividad en el enclave, que el consejero atribuye a la comercialización del excedente fruto de las labores de restauración.

El expediente de la Junta se ha hace público semanas después de que el Ayuntamiento hiciera lo propio, exigiendo el máximo legal en estos casos (90.000 euros) al haber reincidencia. El próximo martes se vuelve a reunir la comisión de regeneración con la intervención de los canteros.

 

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