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Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre. SUR
Las cuidadoras a domicilio de Alhaurín se movilizarán para denunciar retrasos en los pagos

Las cuidadoras a domicilio de Alhaurín se movilizarán para denunciar retrasos en los pagos

Aseguran que llevan varios meses cobrando fuera del plazo que marca el convenio estatal de cuidados a la dependencia

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Miércoles, 22 de enero 2020, 00:06

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Si la situación no se soluciona a lo largo del día de hoy, las empleadas del cuidado a la dependencia de Alhaurín de la Torre se manifestarán mañana frente al Ayuntamiento para denunciar una serie de irregularidades en el pago de sus nóminas. Según la convocatoria de la movilización, a la que ha tenido acceso SUR, el principal problema está en el plazo de los ingresos por parte de la empresa titular de estos servicios contratados por el Consistorio, que se están haciendo más tarde de lo establecido por el convenio estatal marco que regula la prestación de este servicio.

Según un portavoz de Comisiones Obreras (sindicato encargado de la movilización), el conjunto de la plantilla lleva «varios meses» recibiendo sus ingresos el día 15 o el día 20, en vez de el día 5, «como establece el convenio». Aseguran que esto supone «una vulneración del convenio colectivo», lo que fundamenta la reacción y la movilización.

La empresa, el Ayuntamiento y las trabajadoras se reunirán hoy

Este diario contactó ayer con una portavoz de la empresa adjudicataria del servicio de cuidados a la dependencia a domicilio -servicio que gestionan los ayuntamientos pero que depende de la Junta de Andalucía, administración que aporta los fondos para cubrir los costes derivados de la prestación-. Según este portavoz, «es cierto» que ha habido varios meses en los que se han retrasado, pero aseguran que a día de hoy «no hay ninguna deuda» y la compañía está al día en todas las nóminas.

Desde la empresa aseguran que ha sido necesaria la intervención del Sercla (sistema extrajudicial de resolución de conflictos laborales, un organismo mediador dependiente de la Junta de Andalucía) para evitar que el conflicto laboral aumentase su magnitud. Además, el portavoz asegura que la compañía está haciendo todo lo necesario para evitar que la situación se tense más aún. «Solo podemos decir que el Ayuntamiento está siendo puntual con los pagos y que, para evitar males mayores, hemos contratado un servicio de 'factoring'». Se refieren a una empresa que adelanta los pagos de las facturas con la administración para evitar retrasos en el ingreso de las nóminas. Este adelanto se realiza mediante una «alta comisión» que la compañía debe asumir a pérdidas.

Por parte del Ayuntamiento, la concejala de Políticas Sociales, Mari Carmen Molina, aseguran que por su parte los ingresos a la empresa están realizados «de forma puntual y sin retrasos». No obstante, se han ofrecido a mediar entre las empleadas y la empresa para evitar las movilizaciones, que bien podrían derivar en una deuda si no se soluciona la situación. Las tres partes se reunirán hoy, jornada previa a la posible primera manifestación, para evitar por todos los medios la gestación de un conflicto laboral prolongado en el tiempo. Desde el sindicato explican que el servicio de cuidados a la dependencia a domicilio es prestado por unas 70 trabajadoras. Desde el Ayuntamiento confirman que los usuarios de este servicio no superan el centenar, aunque el número de personas que se benefician de él varía cada mes.

La empresa firmó su contrato público con el Ayuntamiento a finales de 2017, por un plazo de dos años prorrogables a tres. Actualmente la relación contractual se encuentra en ese último plazo, y hasta ahora el Ayuntamiento no se había planteado «en ningún momento» la suspensión de la misma, ya que no se habían producido incidentes de ningún tipo. Unas de las obligaciones que asumió la empresa cuando firmó la licitación fue la de asumir como propia la plantilla de trabajadoras que venía desempeñando el servicio con anterioridad.

Este caso guarda algunas similitudes con el conflicto laboral que se desarrolló a lo largo de varios meses entre la empresa adjudicataria de Cártama, las trabajadoras y el Ayuntamiento. En este caso sí se produjeron importantes impagos y retrasos de varios meses que llevaron a la plantilla a manifestarse y a amenazar con una huelga que no llegó.

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