Tribunales

Condenan a un profesor de Derecho y a un abogado por el 'caso Cátedra'

Ernesto Silva, que ha sido absuelto, en una imagen de archivo. /Sur
Ernesto Silva, que ha sido absuelto, en una imagen de archivo. / Sur

El exalcalde de Villanueva de la Concepción, Ernesto Silva, ha sido absuelto del delito de cohecho del que se le acusaba

JUAN CANO y ALVARO FRÍASMálaga

Fue bautizado como el 'caso Cátedra' y supuso un auténtico escándalo en el mundo universitario. La Guardia Civil tomó la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga (UMA) para detener a un profesor y registrar su despacho. También arrestó a un abogado y al entonces alcalde de Villanueva de la Concepción, Ernesto Silva (Foro Andaluz).

Nueve años después, la Justicia ha dictado sentencia sobre el 'caso Cátedra'. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado al docente a tres años y nueve meses de cárcel, mientras que al abogado se le ha impuesto una pena de nueve meses de prisión. El exregidor, en cambio, ha sido absuelto por falta de pruebas, según el fallo, al que ha tenido acceso SUR.

El tribunal considera probado que, en noviembre de 2009, el profesor de la UMA Juan Francisco H., que impartía la asignatura de Derecho Tributario, junto al abogado Manuel G. propusieron a un particular solucionarle un problema urbanístico que tenía en Villanueva de la Concepción a cambio de 50.000 euros.

Concretamente, el Ayuntamiento había tramitado un expediente urbanístico como consecuencia de las obras realizadas sin la preceptiva licencia en una finca de su propiedad situada en la zona de Cortijo de los Hierros; aquella denuncia acabó en la Fiscalía, que abrió una investigación por la posible comisión de sendos delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia.

Ahí es donde –según se desprende de la sentencia, que aún no es firme– entraron en escena los dos condenados, quienes, previo pago, prometieron al dueño de la parcela y promotor de las obras que «conseguirían la legalización de las mismas y el consiguiente archivo del expediente urbanístico en el Ayuntamiento».

Para ello, ambos procesados dijeron al particular que el profesor lograría que el entonces alcalde de Villanueva de la Concepción, Ernesto Silva, legalizara la obra «a cambio de ofrecer a este último el aprobado en las asignaturas de Derecho Procesal, las cuales les restaban para terminar la carrera».

Sin embargo, el particular acabó poniendo los hechos en conocimiento de la Guardia Civil el 15 de abril de 2010. En los meses siguientes, «y bajo vigilancia policial», el profesor y el abogado concertaron una cita con el denunciante, que aceptó la propuesta, «si bien finalmente, a cambio de la cantidad de 30.000 euros y no de 50.000 euros».

El juez instructor ordenó pinchar los teléfonos del regidor y de los ahora condenados, que iban informando a la víctima de los «supuestos avances logrados [...], haciendo creer a este último que iban a conseguir la legalización de la obra en cuestión siempre predicando que la única solución pasaba por aceptar su ofrecimiento». De hecho, lo apremiaron a «hacer entrega a ambos de la cantidad de 11.000 euros en concepto de adelanto, 1.000 euros en una primera ocasión y 10.000 euros en la otra, que en ambos repartieron por mitad (500 euros y 5.000 euros cada uno)». Con parte de ese dinero, el abogado Manuel G. se compró un reloj marca Longines sobre el que ahora se ha ordenado el comiso.

Aprobado de la asignatura

En cambio, no se considera acreditado que Ernesto Silva «tuviera constancia de la actuación que los otros dos acusados estaban llevando a cabo [...], como tampoco puede señalarse que Juan Francisco H. le hubiera ofrecido un aprobado en la asignatura en atención al cargo que ostentaba y a la posible legalización de la obra».

El tribunal tampoco cree que Silva, en su condición de alcalde, «solicitara o aceptara de los acusados dicho aprobado académico a cambio del dictado de alguna resolución administrativa dirigida a legalizar la situación administrativa de las obras que el denunciante emprendió sin contar con licencia, ni que estos últimos así se lo hicieran saber y lo ofrecieran al primero». Del mismo modo, señala el fallo, tampoco se considera probado que el exregidor «intentara influenciar en alguna persona del Ayuntamiento de Villanueva de la Concepción a fin de sugerirle o forzarle en el desarrollo de la actuación administrativa con el fin de favorecer o perjudicar los intereses del particular.

La otra línea de investigación de 'Cátedra' era ajena a Silva y se centraba en la relación entre docente y abogado. La Sala considera acreditado que el profesor, «atendiendo a los requerimientos» de su amigo, «procedió, a sabiendas, a hacer constar en las actas de calificación de una asignatura» que una alumna –que tenía a su vez amistad con el letrado– no se había presentado al examen, cuando en realidad había suspendido.

Por todo lo anterior, la Sección Segunda condena al docente a tres años de cárcel por falsedad documental, además de multa de 5.400 euros, y otros nueve meses de prisión por tráfico de influencias, delito este último por el que también condena al abogado a la misma pena (nueve meses), tras aplicar a ambos la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas. Asimismo, les impone el pago de una indemnización de 11.000 euros al denunciante. El exalcalde ha sido exonerado. De hecho, los tres han sido absueltos del delito de cohecho, que era el único cargo que se imputaba a Silva.