Condenan a Alhaurín de la Torre por la muerte de una mujer en una carretera cortada sin señalizar

Imagen de archivo del accidente /Carlos Moret
Imagen de archivo del accidente / Carlos Moret

El Ayuntamiento recurrirá la sentencia administrativa, que le obliga a pagar a los familiares de la víctima 120.000 euros

Fernando Torres
FERNANDO TORRES

José Ponce, de 67 años, circulaba por Retamar, una barriada de Alhaurín de la Torre, a final de diciembre de 2010. Le acompañaba su mujer, de 72 años. Era de noche y había llovido; accedieron sin quererlo a una carretera que estaba en construcción y finalizaba en un barranco de unos ocho metros. El vehículo se precipitó al vacío, calló sobre el techo y el impacto causó la muerte de la copiloto. Ponce sobrevivió, y desde entonces ha librado una batalla legal junto a sus hijos para demostrar que el accidente se podía haber evitado:ni una sola señal alertaba del estado de la vía, ni de que estuviese cortada o en obras. Ahora, el juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número cuatro de Málaga ha dado la razón a los familiares de la víctima, que han sido representados por el abogado Francisco Galán, considerando al Consistorio como único responsable de los hechos y obligándole a pagar 120.000 euros de indemnización.

«En las condiciones descritas resulta evidente que ninguna responsabilidad puede achacarse al conductor del vehículo en la produción del siniestro», destaca el juez en su escrito, al que SUR ha tenido acceso. En su opinión, esa conclusión va más allá de que así se recogiera en el atestado, sino que se ampara en las condiciones en las que se producen los hechos: «Vía súbitamente cortada en un terraplén hasta cuyo límite hay una capa asfáltica sin uso que carece de señalización alguna». Ello exhime al marido de la víctima de cualquier capacidad para haber evitado el accidente. «Por más que el Sr. Ponce hubiese extremado hasta límites no exigibles su propia diligencia en el manejo del vehículo, el siniestro resultaba inevitable».

En la sentencia se hace referencia a los testimonios de varios agentes de la Policía Local del municipio, quienes aseguran que el accidente se produjo por la «ausencia de toda señalización al inicio del vial» que pusiese de manifiesto la prohibición de circular o los riesgos para el conductor. Según el juez, este punto es «responsabilidad del Ayuntamiento demandado», argumento que justifica en la Ley de Bases de Régimen Local del Estatuto de Autonomía de Andalucía y la Ley de Tráfico, que determinan que el mantenimiento y señalización de la infraestructura viaria, así como la regulación del tráfico, es responsabilidad de la administración competente, en este caso la local.

Desde el Ayuntamiento, que va a recurrir la sentencia, siempre se ha mantenido una versión contraria. El alcalde de, Joaquín Villanova, declaraba a los medios días después del suceso la justificación que se ha mantenido en los diferentes procesos legales y que en esta sentencia «no son atendibles» a ojos del juez. Villanova aseguró y asegura tras conocer el fallo de juez (según fuentes municipales), que la carretera en la que se produjeron los hechos correspondía a una empresa que estaba urbanizando la zona y que todavía no la había recepcionado en el Ayuntamiento. Para el juez, la falta de recepción «no excusa de responsabilidad a la administración». Tras la investigación, se ha determinado que la empresa colocó unas «piedras de gran tamaño» que fueron sustraidas, pero eso no exime al Ayuntamiento de ordenar el tráfico. Cuando las estructuras de bloqueo fueron retiradas de forma ilegal «no se notificó» a la empresa por parte de las autoridades locales. Las declaraciones de los agentes dejan claro avisaron al Consistorio varias veces de la peligrosidad de la zona, avisos que no fueron tenidos en cuenta según concluye el juez. «La señalización se hacía de urgencia y con materiales no fijos».

«Comprendemos que la famila debe recibir una compensación, pero debe ser por parte de la empresa promotora», sostienen desde el Consistorio. El Ayuntamiento puso en su momento vallas para evitar el acceso a esa calle privada sin terminar pero desaparecieron, «seguramente por robo», defienden. En cualquier caso, concluyen las fuentes municipales, la indemnización no costará dinero a los alhaurinos porque el Ayuntamiento cuenta con un seguro de responsabilidad civil. Además, recuerdan que el abogado que representa a la familia ya interpuso una demanda penal contra el alcalde y la administración local que fue desestimada.

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