El fiscal pide 10 años de cárcel y 35 de inhabilitación para el exalcalde de Ronda Marín Lara

Antonio Marín Lara en una imagen de archivo. /SUR
Antonio Marín Lara en una imagen de archivo. / SUR

Está acusado de prevaricación, falsedad en documento oficial, fraude, cohecho pasivo y un delito continuado de tráfico de influencias

EFEMálaga

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido para el exalcalde de Ronda, y actual concejal del Ayuntamiento por Alianza Por Ronda, Antonio María Marín Lara, hasta un total de diez años de prisión y 35 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un supuesto caso de corrupción político urbanística bautizado con el nombre de 'Acinipo'.

Marín Lara está acusado de prevaricación, falsedad en documento oficial, fraude, cohecho pasivo y un delito continuado de tráfico de influencias, según el escrito acusatorio, y en el que se acusa también a otras seis personas más, tres exconcejales, el secretario municipal, un arquitecto y un empresario de la localidad. Inicialmente, el excalde también fue acusado de delitos de malversación y blanqueo de capitales, acusaciones ya retiradas.

Marín Lara, que fue regidor de la Ciudad del Tajo desde 2004 hasta 2011, primero bajo las siglas del Partido Andalucista y después del PSOE, siempre ha proclamado su inocencia y ha mantenido durante años que algunos usan la Justicia como arma política para derribar a los adversarios de otros partidos políticos. En este sentido, hay que recordar que Izquierda Unida, personada en el caso, ha solicitado penas de hasta 43 años de cárcel e importantes cuantías económicas.

Anticorrupción explica en su relato acusatorio, que consta de veintidós folios, diversas irregularidades presuntamente cometidas por los acusados, entre ellas las urdidas por el exregidor y un empresario local, ya fallecido, para instalar un centro comercial en la Ciudad del Tajo con gestiones que se iniciaron en el año 1998. Asimismo, en el relato acusatorio se señala que hubo varios intentos fallidos en el proyecto y finalmente se consiguió tras permutar por otros terrenos la parcela municipal en la que se asentaba el recinto ferial de Ronda de manera irregular, directa y arbitrariamente. Anticorrupción mantiene que no está acreditado que el entonces regidor adoptara ciertas decisiones a cambio de contraprestaciones o promesas de naturaleza económica, «pero no descartaba entonces la posibilidad de recibir futuras ayudas del empresario», ahora fallecido.

Para esta operación «contó con la colaboración «del arquitecto y secretario municipal, también acusados en este procedimiento, y urdieron presuntamente «un sencillo plan» que fue ejecutado durante mayo y junio de 2005, basado en la incoación y tramitación por diferentes órganos municipales de dos expedientes separados, uno de permuta y otro de planeamiento urbanístico. De esta manera parecía que se trataba de actuaciones promovidas por dos empresas diferentes y carentes de una causa común porque «la finalidad era desvincular la permuta de las modificaciones urbanísticas», siempre según la versión de la acusación pública.

El exalcalde y dos exconcejales están acusados también de aceptar supuestamente un préstamo de 45.000 euros del empresario fallecido y así garantizar que la corporación votara a favor de sus intereses, dinero que los ediles nunca devolvieron y tampoco se lo reclamaron. El promotor del centro comercial obtuvo, a cambio, una moratoria de año y medio para pagar los casi 500.000 euros que debía abonar al consistorio en concepto de garantía ante la ejecución de la obra.

La 'operación Acinipo' saltó a la luz pública el martes 27 de septiembre de 2011, cuando la Policía tomó el Ayuntamiento de Ronda, aunque la investigación arrancó dos años y medio antes tras la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción.

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