Alhaurín de la Torre expropiará 200.000 metros cuadrados en Torrealquería para 500 VPO

El regidor sube la apuesta y da a conocer que está en marcha un proceso para la expropiación de más terrenos, con el mismo fin. De este modo, no serían dos centenares de VPO, si no que, a esta cifra, habría que sumar otras 500, al disponer de 200.000 metros cuadrados extra para edificar, por lo que, en total, desde el Gobierno local se cifra en 700 las viviendas de protección oficial que pueden impulsarse.

Los nuevos suelos en los que se fija la vista están en la barriada de Torrealquería y, como aclara el regidor, son propiedad de dos particulares y de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb). Se trata del conocido como «banco malo», creado por el Estado, en 2012, para adquirir aquellos inmuebles propiedad de las entidades bancarias que quedaron sin vender, debido a la fuerte crisis económica que colapsó el mercado.

El pasado agosto, el máximo responsable municipal desveló que estaba en negociaciones para la adquisición de activos de la Sareb, urbanizaciones que no llegaron a levantarse por el desplome del ladrillo, pero anticipó complicado un acuerdo, por discrepancias sobre la cuantía. Esta era elevada para la Administración local alhaurina, que detalló que la transacción se había fijado en unos 3 millones de euros. No obstante, aunque no haya que hacer frente a esta suma, al prosperar la fórmula de la indemnización a los propietarios de las parcelas en Torrealquería por un justiprecio, desde el Ayuntamiento alhaurino se estima que el desarrollo de este sector, que es preciso urbanizar y dotar de suministro eléctrico, no bajará de los 5 millones de euros.

En cualquier caso, los planes municipales, aunque se antojan ambiciosos, sobre todo, en un contexto en el que la construcción de VPO es una rareza, pueden quedar en nada. Y es que el alcalde alhaurino mira a las administraciones superiores para que bonifiquen la adquisición de viviendas protegidas, si no, considera que la puesta a disposición de terrenos y otras medidas no tendrá sentido alguno. Villanova demanda al Gobierno central, en concreto, acciones que permitan ajustar los precios de venta, para que ronden los 100.000 euros, al tiempo que garanticen que los alquileres estén al alcance de la renta de los solicitantes.