Paralizan el desahucio de una mujer embarazada y con un menor a su cargo

La presión de diversos colectivos sociales y de dos miembros del Ayuntamiento han impedido la ejecución, programada para hoy

FERNANDO TORRES

Cristina Ramírez, embarazada y madre de tres hijos, respira hoy tranquila por primera vez desde febrero, mes en el que recibió una notificación de desahucio. La fecha límite para solucionar su situación era hoy, 11 de mayo, y hasta ayer a última hora de la mañana no supo con seguridad si podría quedarse en su casa. La «desesperación» de verse «en la calle» le llevó a contactar con Stop Desahucios y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Alhaurín de la Torre, quienes intercedieron para prorrogar la ejecución treinta días más, plazo en el que Ramírez deberá aportar la documentación necesaria para vivir bajo un régimen de alquiler social, según explicó ayer a SUR su abogada, Luz María. El desahucio estaba fijado hoy a las doce del mediodía, y la entidad se comprometió a presentar in extremis la carta con la que cancelarlo a primera hora de la mañana.

Cristina se quedó en paro y, una vez divorciada de su pareja, dejó de poder hacer frente a la mensualidad de la hipoteca. De sus tres hijos, uno de ellos es menor de edad y vive con ella en el domicilio en cuestión. Según su abogada, «cumple con todos los requisitos judiciales para obtener un alquiler social, a saber, estar desempleada, en riesgo de exclusión social y con menores a su cargo». Su hija mayor tiene 20 años y también vive en la casa.

La propietaria acudió ayer a la oficina de Cajamar, entidad acreedora de la deuda, acompañada de la concejala socialista Nazaret Heredia y del miembro de la oposición popular Miguel Ángel Pérez, a quienes pidió ayuda tras ver que llegaba el día de la ejecución y no obtenía soluciones. Según Pérez, cuando llegaron a la oficina para hablar con el director, éste «ya tenía preparada la documentación para paralizar la orden».

Actualmente, el único requisito que a la propietaria le queda por cumplir es «liquidar una deuda de 1.500 euros por no haber pagado el IBI». Según explicó, los impagos se produjeron porque, tras la separación, las notificaciones se efectuaron a nombre de su exmarido, con el cual no mantiene relación. Cristina se ha declarado incapaz de asumir dicha deuda, por lo que en los próximos treinta días, las partes involucradas deberán decidir si condonar la cuantía o fraccionarla para que sea más asequible.